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Marbella / Caso Connery

Muñoz dice que firmó convenios del caso Connery bajo asesorado

El ex alcalde que ha declarado durante media hora ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Marbella

 18:58  

EFE El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha afirmado hoy ante el juez que firmó los convenios urbanísticos referidos a los terrenos donde estaba el chalé del actor Sean Connery, en los que ahora hay 72 inmuebles de lujo, "con el asesoramiento de los técnicos municipales".

Según han manifestado fuentes de su defensa, al ex alcalde, que ha declarado durante media hora ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Pujol, que instruye el caso, se le ha preguntado principalmente por la firma de dichos convenios.

Muñoz estaba citado a declarar con otros ex ediles del GIL, entre los que se encuentran Rafael González y Marisa Alcalá, y llegó a las dependencias judiciales a las 9:25 horas.

A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y contra la ordenación del territorio, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según han apuntado las fuentes de su defensa, el ex alcalde, que ya declaró por esta causa en 2006, se ha ratificado en su declaración anterior.

El juez intenta dirimir si se ha cometido una serie de delitos, entre ellos blanqueo de capitales, tras la recalificación de una parcela de Sean Connery situada en Marbella y conocida como "Malibú".

La operación urbanística fue amparada por el ex alcalde Jesús Gil, ya que se recalificó el terreno donde estaba el chalé del actor, y el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.

La operación se denomina "Goldfinger", en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond.

Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre.

Estas diligencias previas tienen su origen en la investigación de convenios urbanísticos tras la querella presentada por parte de la Fiscalía Anticorrupción al analizar el informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles durante 2000 y 2001.

En el caso "Goldfinger", en el que están imputados Connery y su mujer, se han averiguado unos hechos que determinarían otro delito fiscal.

Por ello, el magistrado entiende en un auto que "a raíz de la documentación intervenida" resulta pertinente la apertura de una pieza separada para investigar "los hechos que pudieran ser objeto de esos ilícitos penales".

Además, el instructor explica que dicha decisión se basa también en que pudieran no guardar relación directa con la otra promoción, pero cree que "es más que obvio que son hechos que merecen la urgente actuación del órgano judicial".

En este sentido, el magistrado destaca que el supuesto fraude a la Agencia Tributaria podría prescribir el próximo 25 de julio, según la documentación que le consta.

El TSJA ha precisado que aún no se ha librado una comisión rogatoria a los efectos de tomar declaración a Sean Connery y a su esposa.

La pieza separada por la que ahora han sido citados en calidad de imputados es "Colinas del Limonar", en la capital malagueña, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por una empresa vinculada con el actor habría podido generar un delito fiscal de 1,6 millones de euros.

Según las investigaciones, la sociedad Montelagares SA, vinculada a Connery, figura como titular registral de dos fincas, situadas en el partido de Los Almendrales de Málaga capital y afectadas al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Supuestamente la operación no fue declarada en la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sociedades debido a que no se presentó, aunque sí se declaró e ingresó el IVA.

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