Amplio consenso en Andalucía en defensa de los toros

L.O. SEVILLA El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer un amplio «consenso político y social», a favor de la fiesta de los toros en esa comunidad autónoma, ya que hay «un acuerdo total con los sectores que forman el mundo del toro».
El consejero, que se reunió con los componentes de la Mesa del Toro, dijo a los periodistas que han concertado «un compromiso para trabajar a favor de la fiesta de los toros, sin complejos, porque cada vez que los medios de comunicación lo han preguntado, la Junta no ha tenido ningún complejo en defender la fiesta».
Esta reacción se produjo poco después de que la Mesa del Parlamento de Andalucía admitiese a trámite una iniciativa legislativa popular, presentada por la Asociación Protectora de Animales y Plantas (CIMA), para prohibir las corridas de toros y cualquier espectáculo en el que sufra o sea muerto este animal en Andalucía.
La admisión a trámite se ha aceptado según los criterios establecidos en la Ley autonómica de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos.
Desde la fecha de la notificación se establece un plazo de cuatro meses para que los promotores presenten al menos 75.000 firmas de electores andaluces, debidamente autentificadas, según prevé la ley que rige la iniciativa popular. Una vez reciba las 75.000 firmas, la Mesa del Parlamento contará con un plazo de quince días para pronunciarse sobre si es admisible la iniciativa y, de obtenerse un resultado favorable, la tramitación será la establecida para una proposición de ley, por lo que se remitirá el texto en primer lugar al Consejo de Gobierno.
Así esto, Pizarro recordó que se trata del segundo espectáculo de masas después del fútbol y afirmó que, más allá de su carácter de espectáculo, se trata de «cultura» además de pertenecer «a una parte de la historia de España y a una parte muy importante de la historia de Andalucía, de la que es una de sus señas de identidad».

Defensa

El consejero recordó además las principales estadísticas que defienden la viabilidad de un espectáculo que «genera 40.000 empleos y mueve 500 millones de euros, además de tener una repercusión medioambiental muy importante» ya que «no se pueden concebir las dehesas andaluzas sin la presencia del toro bravo».
También señaló que «este debate hay que tomarlo dentro de la normalidad democrática más absoluta: hay que dejar que las reglas del juego de la democracia funcionen». El consejero detalló que «el Parlamento jugará luego su papel; el Gobierno respetará ese papel y realizará un pronunciamiento sobre esa iniciativa», que espera que esté «en consonancia con la defensa de los toros en Andalucía».
Pizarro recalcó: «Existe un amplio consenso de todos los grupos políticos. Esperemos que nadie use este debate para sacar ninguna ventaja política, por muy legítima que sea». «Sacar una respuesta unánime en un Parlamento no es una tarea fácil. Espero que tengan sentido de la responsabilidad y no tomen ningún tipo de iniciativa sin consensuarla. No tendría sentido sin contar con el resto de las fuerzas políticas», apostilló.
Por su parte, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y de la Mesa del Toro, el ganadero Carlos Núñez, señaló que «la actividad taurina es lícita y está protegida por la Constitución». «Sólo pedimos respeto al que no le guste, es fundamental y ahí entra la libertad de ejercer nuestra actividad. No queremos convencer a nadie», agregó.