El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que 119 municipios andaluces ya han iniciado los trámites pertinentes para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas para Andalucía, ya que sus respectivos plenos han aprobado esta iniciativa y se encuentran a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que es "preceptivo y no vinculante".

En rueda de prensa, ha explicado que entre estos municipios, no sólo se encuentran los gobernados por el PP, sino también de otras formaciones políticas como el Partido Andalucista, independientes o, incluso, el PSOE, apuntando a los municipios de Posadas (Córdoba) y Almargen (Málaga).

"La Ley de Aguas es contraria a la autonomía local y pretende que la incompetencia de la Junta se convierta en el afán recaudatorio de los ayuntamientos", señala Sanz, que recuerda que el Tribunal Constitucional exige para la presentación del recurso que los Ayuntamientos adheridos a la iniciativa sumen una séptima parte de los existentes en la Comunidad (111 de los 771 consistorios) y acumulen el 16,7 por ciento de la población andaluza, "algo que se cumple de sobra".

La tramitación se inicia con la aprobación en el pleno de los Ayuntamientos de esta iniciativa, algo que ya se ha hecho en 119 consistorios, y su registro en las Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, tras lo que se remite al Consejo Consultivo de Andalucía para que dé su dictamen al respecto, algo que el PP-A prevé ocurra la próxima semana. A continuación, se podría iniciar formalmente la presentación del recurso, por lo que "daría tiempo a que esta normativa quedara paralizada antes de que se pusiera en vigor el día 1 de enero de 2011".

En este marco, explica que la ley "lesiona" el principio de autonomía local al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios en las Bases de Régimen y Autonomía Local, debido a la aplicación de "un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica". Así, entiende que la Ley es "puramente recaudatoria, no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además, por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz".

Crecimiento de la facturas hasta un 200%

Sanz estima que el crecimiento de las facturas ronde entre el 40 y el 200 por ciento, "dependiendo de la actividad y la familia", algo que califica "doblemente injusto", al afectar a "todos los andaluces y gravar especialmente a las clases más desfavorecidas". "No es lógico que en momento en que los andaluces sufren las durísimas consecuencias de la crisis, se apueste por incrementar impuestos, atentando contra los ciudadanos y los sectores productivos, como la agricultura, la industria o el turismo", asegura.

En este sentido, Sanz apunta a los datos presupuestarios de la Junta que recogen ingresos por los cánones en materia de agua 90,8 millones de euros en 2011, lo que supone 53,2 millones más que en 2010 (+141%), mientras que por sanciones se prevé recaudar más de 15 millones de euros, multiplicando por 80 los 186.423 euros de 2010. En cuanto a los precios públicos de abastecimiento de agua, se multiplican por 3.110, pasando de 1.099 euros en 2010 a más de 3,4 millones en 2011.

"¿La Junta pretende perseguir a todos los andaluces para sancionarlos? ¿A quien dejará sin sancionar?", ironiza Sanz, que califica la multiplicación de sanciones como un "disparate".

"La Junta pretende que los andaluces financien, cobrado por los Ayuntamientos, el entramado burocrático de la Junta para la Agencia Andaluza del Agua, que luego no cumple con sus inversiones", sentencia Sanz, que concluye que, tras analizarlo desde el punto de vista jurídico, "está más que justificado el recurso de anticonstitucionalidad".

En este sentido, critica los 800 millones de euros que la Agencia Andaluza del agua "ha dejado de ejecutar, desde su creación en 2005 hasta 2009". "No es lógico que se quiera cobrar un nuevo impuesto, cuando la extinta Agencia Andaluza del Agua no ejecuta ni siquiera sus propios presupuestos", agrega.

Actitud "intervencionista" en los ayuntamientos

Igualmente, explica que Andalucía contará con un canon de mejora, el canon de mejora para infraestructuras de depuración y el canon de servicios generales, además del de regulación y tarifa de utilización del agua. El canon autonómico de depuración, que entra en vigor el 1 de enero de 2011, servirá para financiar las depuradoras y colectores supramunicipales que sean declarados obras de interés por la Comunidad, donde los municipios "pierden la posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas para la mejora de infraestructuras de la Junta, debiendo además redactar y ejecutar un plan de actuación para mejorar el rendimiento".

Así, el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas es "un tributo autonómico que van a exigir a los ayuntamientos, sin que tengan margen de decisión y sin prever dotación de recursos para hacer frente a esas cargas financieras". Además, el canon de servicios generales, "destinado a cubrir los gastos de la Junta, va a ser igualmente repercutido y exigido a los usuarios sin que la ley limite el gasto de esta agencia autonómica".

Sin embargo, critica que la ley "no contemple" cómo se va a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento de fuentes de suministro, transporte, potabilización o almacenamiento, ni para la prevención de inundaciones.

"Esta ley tiene una incidencia directa en los Ayuntamientos, con la creación de una superestructura, centralista e intervencionista que controlará, vigilará y sancionará, vía desarrollo reglamentario, una vez más a las entidades locales", resalta.