El Gobierno central ha presentado un recurso en los tribunales contra la convocatoria de oferta de empleo público para maestros de Castilla y León, por considerar que dicha comunidad ha rebasado el límite legal impuesto en los Presupuestos Generales del Estado. Andalucía también lo superó, por mucho más que la comunidad castellanoleonesa, y ahora teme que el Ejecutivo paralice también sus oposiciones, previstas para el mes de junio.

Castilla y León, gobernada por el PP, sacó una oferta de 550 plazas de maestros de Infantil y Primaria, mientras que la oferta andaluza (3.800 plazas) eludió por completo el ahorro en la plantilla docente que había previsto el Gobierno.

El Estado ha recurrido la oferta castellanoleonesa ante el Tribunal Superior de Justicia de la región. Es la primera denuncia del Ejecutivo central contra unas cuentas autonómicas por haber sacado una oferta de empleo público que supera el 30% de la tasa de reposición (de cada 10 maestros jubilados sólo podían sustituirse tres), aunque el Gobierno autonómico niega haber superado ese tope. Los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado -que la oferta de plazas es «excesiva»- sirven tanto para Andalucía como para Castilla y León, aunque el Ejecutivo andaluz asegura que equilibró el exceso de plazas de maestros recortando la oferta de empleo en la administración general.

Andalucía se marcó la educación como prioritaria. Es la región con mayor oferta de empleo público en la enseñanza de España, y fue la que más rebasó el plan de ajuste estatal en materia educativa al ofertar el 100% de las vacantes que dejaron los profesores jubilados y además crear puestos nuevos: casi 3.800 plazas de Infantil y Primaria en total.

El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, manifestó ayer su malestar por el recurso del Gobierno. En un comunicado, consideró que la acción de la Abogacía del Estado «es extraña y perjudica seriamente a uno de los pilares básicos de la calidad del sistema educativo de Castilla y León, la baja interinidad y la estabilidad laboral de los docentes». El consejero se preguntó por qué el Gobierno no ha actuado de igual modo con Andalucía. «La Administración regional se ha ajustado no sólo al contenido literal de la ley, avalado por el Tribunal Supremo, sino también al espíritu de contención del gasto público derivado de las medidas impulsadas desde el propio Gobierno central y el autonómico», señala Mateos.

La Consejería de Educación considera que esta actuación va más allá de lo estrictamente jurídico y que se ha realizado «con mala fe» porque, entre otras, en las reuniones mantenidas los días 25 de enero y 18 de febrero de 2011 en Madrid, el Ministerio de Educación pidió a las comunidades que se esforzaran en convocar oposiciones este año y, sin embargo, «el Ministerio de Hacienda defiende ahora lo contrario, impulsando el citado recurso de la Abogacía del Estado».

En su argumentación, el Gobierno considera que a la hora de evaluar la convocatoria de plazas se deberían haber tenido en cuenta únicamente las jubilaciones de 2010. En cambio, Castilla y León consideró necesario, «en aras al mantenimiento de la calidad educativa», incluir las jubilaciones acaecidas desde la última convocatoria de oposiciones de maestros, hace dos años. Entiende que los presupuestos no circunscriben el límite de la tasa de reposición al 2010. Castilla y León dice haber respetado ese límite, pero aplicado a los últimos dos años, o sea, que el número de plazas es mayor que si se hubiera aplicado sólo al 2010. El Gobierno central no pudo confirmar ayer si los argumentos jurídicos del recurso tienen que ver, en efecto, con el exceso de plazas.

Comparativa:

La oferta de Andalucía. Andalucía triplica el límite estatal de plazas de maestro. Con una oferta de 3.796 puestos, la mayor de España, supera a la de siete comunidades juntas. La oferta aúna la tasa de reposición del 100% (3.500 vacantes) más 251 de nueva creación.

La oferta de Castilla y León

. Castilla y León ha sacado a concurso siete veces más plazas que Andalucía (550). Su Gobierno afirma que dicha oferta respeta la tasa de reposición del 30%, aunque ese límite se ha aplicado a los últimos dos años, y el Estado cree que sólo es aplicable al ejercicio 2010.

El límite estatal. Los Presupuestos Generales del Estado en vigor este año establecen que sólo se puede sustituir a tres de cada diez maestros jubilados (lo que se conoce como tasa de reposición). De esta forma, el plan de contención del gasto público puso límites a la plantilla docente.