El Defensor del Pueblo, en su tarea como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha emitido un primer informe de su actividad en el que se pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras y Málaga porque "no reúnen las condiciones mínimas" para el desempeño de su actividad.
Esta es una de las recomendaciones elevadas por el MNP tras realizar más de 300 visitas preventivas y sin previo aviso, en las que se incluyen centros de detención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cárceles, centros para menores infractores, salas de retención en puestos fronterizos y seis de los nueve centros de internamiento para extranjeros, los que tienen mayor índice de ocupación.
El informe destaca la situación del CIE de Algeciras, que "no reúne las condiciones mínimamente adecuadas, por lo que debería procederse a su cierre inmediato y a la habilitación de nuevas instalaciones". En cuanto al de Málaga, "no se ajusta a los parámetros exigibles a un centro de su naturaleza", tiene "graves problemas estructurales" y "debe ser cerrado y sustituirse por uno de nueva construcción". Asimismo, denuncia el "deficiente saneamiento" del CIE de Valencia.
En general, el MNP llama la atención sobre "la marcada impronta penitenciaria" de estos centros y la "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos y del mantenimiento de sus derechos no afectados por la privación de libertad deambulatoria", un "problema" que a su juicio está en la legislación.
Por otra parte, de las visitas se desprenden otra serie de recomendaciones como la reclamación de que se investiguen "hasta el final" las denuncias por tortura o tratos lesivos y pide que se adopten "medidas legislativas para evitar que ninguna persona, independientemente de su situación, pueda ver mermado su derecho a que sus denuncias sean investigadas y adecuadamente resueltas por un juez".
"El caso más paradigmático es el de los extranjeros que van a ser repatriados a su lugar de origen, dónde, con demasiada frecuencia, cualquier investigación por malos tratos se acaba suspendiendo, favoreciéndose así la impunidad", explica el informe.
EXPOSICIÓN MEDIÁTICA, TRATO DEGRADANTE
Asimismo, el informe recoge la "preocupación por la exposición mediática de los actos de detención" y explica que la imagen de personas esposadas "saliendo de sus casas o accediendo a edificios policiales y judiciales constituye un contenido habitual de programas de información e incluso de entretenimiento" lo que "supone el total desconocimiento de las normas que para la práctica de la detención" establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Por ello, el MNP solicita a las fuerzas policiales que "extremen el celo" a fin de evitar que los medios de comunicación difundan imágenes de detenciones porque se trata de situaciones "que constituyen por sí mismas tratos degradantes".
Además, el Mecanismo Nacional de Prevención ha observado que si bien el Gobierno anunció una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantizase el acceso a un abogado antes de ocho horas de detención, aún no se ha presentado el anteproyecto, cuando "resulta fundamental" la agilidad en el acceso a este derecho del detenido.
Por otra parte, solicita una revisión del régimen de detención incomunicada para prohibir que se aplique a menores de edad y permitir que los detenidos puedan entrevistarse reservadamente con el abogado que les sea asignado de oficio.
Además, el MNP solicita que se extienda la videovigilancia y la videograbación en los centros de privación de libertad para "prevenir comportamientos indebidos por parte del personal" y advierte de que en la actualidad, hay "una gran disparidad de prácticas en esta materia" cuando el criterio "debiera ser extender estos medios técnicos a todas las dependencias".
