El Gobierno andaluz es el único que se enfrentará en 2012 a la reválida de las urnas, y por primera vez con los sondeos en contra. Ayer presentó las grandes cifras de las cuentas que gestionará casi todo el año un nuevo Ejecutivo:32.072,7 millones de euros. Se anunciaban «contractivos» y «austeros» pero serán 390,5 más que en 2011 (1,2% más) tras dos años de descenso.
La Junta arguye para ello que «la economía andaluza está en camino de recuperación» y prevé un crecimiento «prudente» del PIB del 1% en 2012 (en el primer semestre de 2011 ha crecido un 0,2% tras bajar en 2010). Frente a este optimismo a contracorriente sobre los principales indicadores económicos, por primera vez no concreta previsiones laborales.
«No se destruirá empleo pero tampoco habrá un gran crecimiento», se limitó a decir la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Para 2011 vaticinó la creación de 24.000 empleos aunque reconoció que la tasa de paro podía seguir creciendo por las nuevas incorporaciones al mercado laboral. Hoy es del 29,7% y según la última EPA (segundo trimestre) se han destruido 81.300 empleos en un año.
El Gobierno andaluz confía además en que las medidas europeas para estabilizar la economía abran los mercados y fluya el crédito. De ello dependerá que logre ingresar los 4.988 millones que prevé, agotando su nivel de endeudamiento, sin superar el límite al déficit del 1,3% del PIB. Por esta vía, contempla aumentar sus ingresos un 33% y compensar así la caída del 3% en la recaudación de impuestos y fondos estatales.
Solo se habló de ingresos
Precisamente, Aguayo, reconoció la «peculiaridad» de unas cuentas hechas sin la referencia de las estatales, ya que al disolverse las Cortes por los comicios del 20-N no se han elaborado Presupuestos Generales del Estado. Formalmente tampoco se han prorrogado pero la Junta ha hecho sus cálculos como si así fuera. Así, del dinero incondicionado del Estado prevé recibir los mismos 275 millones que este año y cuenta con mantener la congelación salarial a los funcionarios, lo que repercutirá en el capítulo de personal. Pero eso entra dentro de los gastos y ayer solo se habló de ingresos. De cómo se invertirán éstos solo desveló que la educación recibirá según su peso en el PIB (5%) y la garantía del gasto social.
Aguayo defendió que tienen datos provisiones del Estado sobre las entregas a cuenta y saben cuánto debe llegar de la financiación autonómica. «No hay ningún impedimento técnico para no hacer los presupuestos y quien no los haga es porque no quiere, no porque no pueda», subrayó. Andalucía es la primera comunidad que presenta sus cuentas de 2012. Las regiones gobernadas por el PP –desde mayo son la mayoría– se escudan en la falta de previsiones estatales para no elaborar las suyas. Aguayo las acusó de «insumisión» y «dejación de funciones» en una estrategia de «meter la cabeza debajo del ala» hasta el 20-N para «ocultar» su agenda.
«No elaborar presupuestos resta capacidad para adaptarse a una situación económica cambiante», «nuestro deber como Gobierno es tomar decisiones en un momento en que además queremos crear confianza, no hacerlo sería decir que no tenemos respuesta para las familias y las empresas», son algunos de los argumentos «políticos» que esgrimió para sacar pecho frente a otras comunidades.
Impuestos
Por vía fiscal la Junta prevé ingresar 227 millones más, no por los tributos propios –cuya recaudación bajará un 8% hasta los 529,7 millones– sino por el sistema de participación en los estatales vigente desde 2011 y el impacto de la recuperación del impuesto de patrimonio, que la Junta subirá un 10% respecto al tipo fijado por el Estado.
También sube para las rentas más altas un 2,5% el de sucesiones y donaciones, que solo pagan el 10% de los contribuyentes; un 0,2% el de actos jurídicos documentados y un 0,6% (hasta el máximo que puede) el impuesto para coches de lujo, motos náuticas, lanchas y avionetas. Pero mantiene y amplía las bonificaciones en éstos y en el IRPF, para discapacitados, jóvenes y rentas bajas.
Las bolsas de plástico seguirán costando 5 céntimos y no 10 como se preveía para 2012 cuando se creó esta tasa porque «este impuesto no tiene afán recaudatorio sino ecológico». Lo que no se plantea es volver a vender patrimonio para realquilarlo como este año. La operación prevé ingresar 951 millones y está costando más de lo previsto aunque espera cerrarla en un mes.
IU cuestionó la «credibilidad» de unos números en los que ve una «operación electoral para diferenciarse del resto de comunidades a costa de dibujar la realidad que ellos quieren ver». El PP los valora hoy pero ayer en Canal Luz Ricardo Tardo habló de «pantomima?.
