A lo largo del año 2010, en Andalucía hubo 75 denuncias al día por malos tratos. En total 27.693 mujeres pasaron por una comisaría de policía, sin embargo, el 12,1% de las afectadas renunció a continuar con el proceso judicial una vez abierto. Se retiraron 3.356 denuncias. El año pasado murieron 17 mujeres (73 en España) a manos de sus maridos, parejas o exparejas, y el 83% no había denunciado maltrato ni había pedido ayuda o asesoramiento a ninguno de los centros de Igualdad.

Cada dato funesto que aparece en el informe de violencia de género de 2010, que la Consejería de Igualdad acaba de remitir al Parlamento, viene acompañado de otro dato que demuestra que las mujeres víctimas de la violencia machista no habían buscado protección en el sistema. Pero hay un dato que chirría más en este contexto: a pesar de que el número de denuncias por maltrato va en aumento –desde 2007 a 2010 se ha duplicado la cifra (de 14.977 a 27.693)–, el número de órdenes de protección dictadas por los jueces ha caído ostensiblemente: de las 5.287 en 2009 a las 4.335 en 2010.

Las medidas de protección cubren sólo el 22% de las denuncias presentadas en Andalucía, mientras que a nivel estatal alcanzan el 28%. Los jueces andaluces denegaron el 26% de las órdenes de alejamiento que se incoaron ese año.

Casi un tercio de los hombres denunciados eran maridos de la víctima. El 28% eran excompañeros o exnovios, un porcentaje que ha crecido en seis puntos respecto del año anterior.

La consejera del ramo, Micaela Navarro, explicó ayer que las medidas que se tomaron a lo largo de 2010 para prevenir la violencia de género afectaron a medio millón de personas (muchas mujeres atendidas, además de cursos de formación para sanitarios, profesores, etc...). Pero recalcó que estas medidas sólo sirven cuando complementan la denuncia interpuesta por una mujer. «La denuncia es imprescindible, pero jamás recomendaríamos a una mujer que después de denunciar volviera a su casa sin pedir asesoramiento y sin conocer los riesgos que corre», apuntó Navarro.

En el 65% de los casos, la denuncia de la víctima se cursó a partir de atestados policiales; el 15% por vía judicial a raíz de un parte médico por lesiones a una mujer. El 23% de las afectadas que denunciaron no eran españolas (la incidencia del maltrato en la población inmigrante no ha variado en los últimos tres años).

La consejera quiso dejar claro que la ley permite saber el número de mujeres que han muerto a manos de sus parejas, pero «no el número de las que se han salvado gracias a la prevención». «Hemos garantizado la seguridad de miles, aunque ninguna estadística lo refleje», dijo.