A la espera del resultado del proceso estrictamente judicial, el Gobierno andaluz reconoció ayer que el uso abusivo de fondos públicos ronda ya los 30 millones de euros. La mayoría, 20 millones, se emplearon en empresas de la Sierra Norte de Sevilla. El anuncio coincidía con un auto de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), en el que centra su investigación en «la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década».
En dicho auto, y a cuatro días de las elecciones generales, revela que una de sus líneas de investigación apunta directamente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, a quien el PP (como acusación) señala como responsable último de haber autorizado las subvenciones más cuantiosas a las empresas bajo sospecha.
Los populares sostienen que todas las ayudas que exceden de 1,2 millones de euros (y que ahora se cuestionan) necesitaban la aprobación del consejero de Hacienda, que primero fue Griñán y ahora es Carmen Martínez Aguayo. La Junta, en un comunicado tras hacerse público el auto, respondió que la firma del consejero sólo era preceptiva para autorizar operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA (antiguo IFA), órgano que gestionaba las ayudas.
El Gobierno andaluz, en un procedimiento paralelo, también investiga el origen del fraude, que se encuentra en el fondo de ayudas al empleo: 647 millones que al parecer se han venido usando desde 2001 para dar cuantiosas subvenciones de forma arbitraria, sin control alguno. Horas antes de que se hiciera público el auto de Alaya, la Junta reveló que una nueva investigación interna sobre el destino de estas ayudas ampliaba el fraude ya conocido –9 millones– hasta los 20 millones de euros.
Más implicados
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, señaló ayer a 18 empresas y a siete personas, sospechosas de haberse beneficiado ilícitamente de las ayudas. Las 18 firmas se concentran en la Sierra Norte de Sevilla, están vinculadas al entorno de Rosendo Ríos (exalcalde socialista de El Pedroso), y aprobadas, «al margen del procedimiento legal», por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, epicentro de la trama de los ERE. El PP cree que uno de los principales urdidores de la trama es José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, por su estrecha relación con Rosendo y por haber sido presidente del antiguo IFA.
Moreno hizo ayer el anuncio, aunque la documentación había sido remitida a la magistrada hace tres semanas. El pasado 28 de octubre, la jueza Alaya dictó un auto en el que iniciaba una nueva línea de investigación poniendo de manifiesto la existencia de «un determinado grupo de empresas a las que se había favorecido de manera ilícita [...], así como la posibilidad de que dicha concesión ilegal se hubiera extendido a otras empresas hasta ahora desconocidas».
Ese mismo día, aunque Alaya precisa que lo recibió poco después en su juzgado, la Junta remitió a la magistrada «un detallado estudio de las ayudas públicas concedidas al grupo empresarial liderado por el señor Rosendo Ríos, que amplía incluso el número de empresas favorecidas». La Junta explica en su informe el modus operandi de Guerrero para pagar las ayudas o la ausencia del mismo.
Ayer convergieron las dos historias: la intención de la jueza de ampliar la investigación hasta la trama vinculada al caso ERE en la Sierra Norte y la investigación que la Junta inició, motu propio, y que vino a ratificar las sospechas de Alaya, añadiendo nombres y apellidos: 18 empresas, 7 personas, 20 millones de fraude que salen de lo que Guerrero llamó «fondo de reptiles».
A partir de aquí, Alaya explica en su último auto: «Ante la posibilidad de que puedan existir otros grupos empresariales, hasta ahora desconocidos, que se hayan aprovechado ilícitamente de estas ayudas, la investigación se hace extensiva de manera especial a la Dirección General de Fondos Europeos, actualmente dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». Por ahora la jueza no llamará a declarar a los testigos e imputados que denuncia la Junta en su informe hasta que la investigación policial no esclarezca por sí misma los hechos denunciados, pero sí pedirá a las entidades bancarias donde se ingresaron las ayudas a las empresas que descubran las cuentas.
