La jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares pagados con fondos públicos, ha vuelto a la carga tratando de vincular la firma del presidente de la Junta y exconsejero de Economía, José Antonio Griñán, en su instrucción, y esta vez ha dado un ultimátum al Gobierno para que le envíe en diez días expedientes que firmó desde 2005 como titular de Hacienda.
La magistrada atiende una vez más una petición del PP, del 17 de noviembre, para requerir documentos que tienen que ver con la autorización de modificaciones presupuestarias para inyectar dinero a la Consejería de Empleo, que a su vez ampliaba el crédito a la Agencia IDEA, que repartía y firmaba las ayudas bajo sospecha. Además, en otro auto dictado el jueves –son tres en total– impone fianzas a 16 de los imputados en el caso de los ERE por un importe de 4.797.561 euros.
Alaya reclama los expedientes tramitados por Economía –cuyo titular era Griñán– pero también los de «otras consejerías y, de manera significativa, de Innovación».
El auto se puede recurrir en tres días y desde el Gobierno aseguraron que lo estudiarán. La Junta ha impugnado el anterior auto de la jueza por entender que cometió un «error de bulto» al apuntar a Griñán –también lo pidió el PP– como responsable de firmar ayudas cuando sólo autorizó operaciones de endeudamiento a IDEA. La jueza aún no ha respondido al recurso. La Junta indicó entonces que el Consejo Rector de IDEA tiene vía libre para aprobar subvenciones que no superen los 1,2 millones –las que sobrepasen esta cantidad van al Consejo de Gobierno–. Lo que sí exige la firma del consejero de Economía son las operaciones de endeudamiento de las empresas públicas.
Fuentes del Gobierno insistieron ayer en subrayar que en este caso lo que solicita Alaya y firmó Griñán fueron ampliaciones del Presupuesto que tenían previamente el visto bueno de la Intervención General. Esa era, insisten, su obligación como titular de Economía y «lo ilegal» aseguran, habría sido no autorizarlas.
