Un prototipo de familia andaluza, con padre y madre trabajando, dos hijos, uno en el colegio y otro en la guardería, y con una persona mayor dependiente a su cargo, puede recibir un amplio número de prestaciones. En el caso de los hijos: desde la plaza de colegio y los medicamentos gratis para el más pequeño, hasta los libros de texto, ordenador, transporte escolar, el aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Además el mayor dependiente puede ir a una unidad de estancia diurna con transporte, disfrutar de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, medicamentos gratuitos y claro, atención sanitaria.
Es la descripción que hizo Griñán en su intervención en el último debate sobre el estado de la comunidad, cuando anunció la intención de su Gobierno de poner en marcha un proyecto pionero en España -la Junta cree que en Europa- aprobado hace una semana y que emitirá facturas informativas para que los ciudadanos conozcan el coste de 16 servicios públicos. El valor monetario de las prestaciones que recibe esa familia andaluza tipo puede suponer más de 13.000 euros al año, es decir, el equivalente a un sueldo indirecto de más de mil euros mensuales.
Las llamadas facturas informativas sirven como información a los usuarios de cuál es el coste, financiado con impuestos, que tiene el servicio público utilizado. Se trata de poner a disposición de la ciudadanía la información sobre la gestión del dinero que aportan vía impuestos, buscando también su corresponsabilidad. Se hace además en un momento político clave, a pocos meses de unas elecciones autonómicas y cuando las exigencias de reducción del déficit público está cuestionando el llamado Estado del Bienestar, recortando prestaciones sociales y eliminando servicios públicos.
La Consejería de Salud inició este proyecto en octubre de 2010, fecha desde la cual se han ido incorporando hospitales. Hasta el momento, un total de 26 centros entregan factura informativa de procesos de cirugía mayor ambulatoria y algunas pruebas diagnósticas. Ahora se extenderá el proyecto a las consejerías de Gobernación y Justicia; Educación; Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Turismo, Comercio y Deporte; Igualdad y Bienestar Social; y Cultura. La implantación de las facturas sombra será escalonada con el fin de que su introducción no suponga costes adicionales ni precise esfuerzos organizativos ni económicos extras, informó la Junta.
Los ciudadanos recibirán un documento con el coste real de los servicios recibidos hasta especificar un total de casi 5.000 millones de euros del presupuesto público. Cada consejería ha seleccionado servicios o prestaciones bien definidas, fácilmente identificables por el usuario y cuyo coste se puede determinar con claridad, explicó el Gobierno. Según las estimaciones de cada consejería, con los servicios incluidos en esta fase, se emitirán facturas informativas a un total de 3.982.605 personas durante el primer año. El procedimiento estará adaptado al tipo de servicio y usuario de que se trate.
Cada consejería ha elaborado un plan de puesta en marcha. Se procurará que la entrega sea personalizada, y siempre que el tipo de servicio o prestación lo permitan, se realizará «en mano». Por ejemplo, la factura informativa de los ordenadores portátiles que se entregan a los alumnos y alumnas de quinto de Primaria, se entregarán con el ordenador y la documentación técnica y garantía que le acompaña.
En el caso de las entradas a los teatros figurará en el propio tique. En el caso de que el servicio sea continuado se ofrecerá información periódica. Por ejemplo, en los servicios de ayuda a domicilio se dará la factura cada seis meses.
Según la planificación de la Junta en aproximadamente un año se emitirán 200.000 facturas para informar a los beneficiarios del servicio de orientación jurídica gratuita que prestan los Colegios de Abogados de Andalucía y cuyo coste anual es de 33 millones de euros. La intención es que comience a funcionar con carácter piloto en algunas capitales antes de la primavera de 2012. En 2013 se prevé que exista en todos los municipios.
La mayoría de las facturas se emitirán en el ámbito de la educación. Será inminente, según la Junta, que aproximadamente 111.000 padres se enteren de lo que cuesta el portátil gratuito del que disfrutan sus hijos dentro de un programa que vale 29,4 millones de euros. Igualmente se prevé emitir hasta 95.000 facturas sobre el servicio de transporte escolar (66 millones de euros, unos 700 euros anuales por niño). 200 de los estudiantes que disfruten de una beca de formación en centros de trabajo de Europa también sabrán cuánto les costaría financiarse esa experiencia para su currículum (con un impacto presupuestario de 630.000 euros) y aproximadamente 230.000 universitarios conocerán cuánto cuestan a las arcas públicas sus licenciaturas, grados, másteres y doctorados (hasta 5.000 euros al año por alumno, calcula la Junta).
Igualmente se conocerá la factura por los servicios de ayuda a domicilio y las entradas advertirán del coste real de ir al teatro a un museo. Son facturas que no duelen al bolsillo, no se tendrán que pagar, pero sí pretenden advertir al ciudadano sobre la importancia de pagar impuestos y usar debidamente estas prestaciones.
