La Junta de Andalucía recordó ayer que comunicó al juzgado que lleva el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) la posible irregularidad en las subvenciones a empresas relacionadas con el conductor del exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, estando ya incluidas en el procedimiento administrativo que se ha iniciado para su recuperación.

En un comunicado, la Junta responde así después de que Juan Francisco Trujillo Blanco, exchófer de Francisco Javier Guerrero, haya declarado que dedicó «a comprar cocaína» para él y para el alto cargo socialista «la mayor parte del dinero» tras recibir 900.000 euros en subvenciones para dos de sus empresas con cargo al fondo de reptiles.

Desde la Oficina del Portavoz se asegura que la Junta fue la primera en comunicar las presuntas irregularidades en esa Dirección General y que, como parte acusadora, mantiene la voluntad de esclarecer este asunto y recuperar todos los fondos públicos.

Asimismo, apunta que Guerrero se encuentra imputado judicialmente desde marzo de 2011, después de la información remitida a la Fiscalía de Sevilla por el Gobierno andaluz en febrero de 2009, «siendo la Junta de Andalucía la primera en actuar en este caso, tomando medidas drásticas para esclarecer los hechos».

Tras insistir en que la Junta está personada como parte acusadora para exigir responsabilidades civiles y penales a los acusados, la Oficina del Portavoz señala que Guerrero no ocupa ningún puesto de responsabilidad en el Gobierno andaluz desde 2008 y la persona que se cita como su conductor tampoco está vinculada actualmente a la Junta. «La Junta reitera su firme voluntad política de llegar hasta el fondo en la investigación sobre este caso, para lo cual ha puesto desde el principio todos los medios humanos y técnicos necesarios para colaborar en la investigación», concluye el comunicado.

La jueza Mercedes Alaya vinculó ayer la denuncia del exchófer de Francisco Javier Guerrero y otras que tramita el TSJA al caso de los ERE.