El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una providencia hecha pública el pasado 24 de enero, ha dado diez días de plazo al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y a la Junta para «restablecer» el paraje de El Albarrobico, ocupado desde 2003 por un macrohotel de 20 plantas, al nivel de protección del que gozaba en 1994 como «espacio protegido no urbanizable».

Esta resolución judicial es una respuesta al escrito que los ecologistas hicieron llegar a los magistrados, informándole de que ninguna de las dos administraciones estaba cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba el grado de protección del entorno donde se encontraba el hotel. El ultimátum expira dentro de cuatro días, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente reaccionó ayer con cierta calma. «Hay un compromiso para demoler el Algarrobico y restablecer la zona, pero hasta que no haya una sentencia firme, no haremos nada», explican fuentes de la consejería.

La providencia del TSJA insta a la Junta y al municipio de Carboneras a dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, de septiembre de 2011, que suspendió provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, aprobado por la Junta en 2008. El Alto Tribunal ratificó un fallo anterior del TSJA, y sentenció que la protección asignada al paraje por el PORN era ambigüa –se le llamó «zona degradada»–, lo cual dejaba la puerta abierta a «nuevas edificaciones y la rehabilitación de las ya existentes» para desarrollar actividades turísticas.

Es decir, que la norma no impedía que se terminase el macrohotel, cuyas obras están paralizadas desde que se inició el litigio judicial a partir de una denuncia de los ecologistas de Greenpeace.

En aquel fallo, el Supremo rechazó el recurso de la Junta porque la ambigüedad de la norma andaluza tendría «un efecto devastador» en la zona. Además, los jueces consideraron que volver al plan de protección del 94 iría en beneficio del «interés público», ya que se le daría «una más intensa y mejor protección ambiental, donde no era posible construcción alguna ni legalización de las ejecutadas».

Dar respuesta. En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente aclaró ayer que la Junta enviará a la sala de lo Contencioso Administrativo la documentación que acredita todos los pasos que se han dado en la dirección que apuntan los jueces. El Gobierno andaluz «dará cumplida respuesta a la solicitud del TSJA en el plazo solicitado, que finaliza el 10 de febrero, mediante la comunicación de todas aquellas actuaciones que la Administración andaluza ha llevado a cabo con el objetivo de devolver la zona a su estado original», reza el comunicado.

La providencia del TSJA surge a partir de un escrito de Greenpeace ante el Supremo y ante el Alto Tribunal andaluz denunciando que tanto la Junta como el consistorio carbonero estaban «incumpliendo» los fallos judiciales.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), aseguró ayer que el ayuntamiento está «cogido de pies y manos» por la «Justicia y la Junta» y anunció que interpondrá un recurso contra la providencia del TSJA. El regidor reprochó al Gobierno andaluz que no hubiera protegido la zona de El Algarrobico antes de la construcción del hotel y aclaró que el ayuntamiento apuesta por la «apertura» del mismo. Hernández recordó que un juez de lo contencioso-administrativo rechazó hace dos meses ejecutar provisionalmente la sentencia que declaró nula la licencia de obras y proceder a su derribo al considerar que podría causar «daños irreparables» a la promotora.