La Junta revisará ahora las ayudas a empresas

LA OPINIÓN La Junta ha iniciado un procedimiento de revisión de oficio, en relación con el capítulo de la partida presupuestaria 31L relativo a ayudas a empresas e instituciones, que lo que persigue no es «tanto cuestionar la legalidad o no del conjunto de las ayudas ni el procedimiento», sino «detectar fraudes». La partida 31L, dotada con 647 millones de euros, fue supuestamente objeto del fraude que investiga la jueza Mercedes Alaya en llamado caso ERE.

El director general de Trabajo y principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, era quien gestionaba personalmente esa partida, que él mismo denominó «fondo de reptiles». La Junta va a revisar sólo la parte de las ayudas directas a empresas –quedan exentos los ERE– que supone un 10% del fondo, en torno a 70 millones de euros.

Hasta ahora, el Gobierno andaluz había dado por hecho que las ayudas eran legales, y que el fraude lo ejecutó Guerrero con sus allegados, haciéndose valer de un procedimiento irregular. Ahora la Junta pondrá en duda todas las ayudas a empresas y ayuntamientos que se han concedido desde 2000 a 2010, que considera nulas, según adelantó ayer El País, y ha abierto un trámite de audiencia para que las empresas beneficiarias puedan plantear alegaciones exponiendo por qué y para qué recibieron las ayudas.

Uso del dinero. Las firmas tienen que demostrar ahora que usaron el dinero para lo que dijeron que iban a usarlo. «Nuestro máximo interés es detectar aquellas partidas que no llegaron a su finalidad, esto es, a apoyar a una empresa o a trabajadores, sino que tuvieron una finalidad fraudulenta», dijo ayer la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno.

Este trámite será largo, según dijo la consejera, que añadió que el propósito de la Junta es recuperar e iniciar el
reintegro de cualquier cantidad que se haya percibido ilícitamente, con independencia de las responsabilidades penales de pueda haber.

El líder del PP-A, Javier Arenas, acusó ayer al Gobierno de José Antonio Griñán de «insultar» al millón de parados andaluces al «conocer ahora» que las ayudas destinadas para compañías en crisis son «ilegales».

Tras participar en el Foro de Autónomos que el PP-A celebró en Huelva, el líder de los populares andaluces hizo hincapié en su intervención en que «desgraciadamente» el asunto de los expedientes de regulación de empleo (ERE) «afecta a muchas personas que han sido miembros del Gobierno andaluz y están en la antesala de dos presidentes de la Junta, Griñán y Chaves».