La Fiscalía Anticorrupción quiere asegurar que el dinero defraudado con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) se recupere. Ayer, en un escrito remitido a la jueza Mercedes Alaya le pide que imponga fianzas como responsables civiles subsidiarias no sólo a las empresas beneficiadas por las ayudas públicas, sino al sindicato CCOO al ser uno de los imputados alto cargo del mismo.
El Ministerio Público insiste otra vez en que declaren todos los imputados y reclama que los despachos de abogados implicados justifiquen con documentación la labor de asesoramiento que llevaron a cabo en los ERE.
El fiscal pide que se le comunique a las empresas Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Cenforpre «su condición de responsable civil subsidiario» en caso de que los imputados no respondan a las fianzas que en su día solicitó que se les impusiera. Una petición que eleva a la aseguradora Vitalia, a una asociación de extrabajadores de Acyco, a dos despachos de abogados, y a CCOO.
El fiscal cree que el sindicato debe hacerse cargo de la fianza si no lo hace el secretario general de la Federación de Industria Enrique Jiménez, imputado por la inclusión de un intruso en el ERE de Calderinox, al haber actuado «en nombre y cuenta» del mismo. Estas fianzas le serán reclamadas tanto al sindicato como a las empresas, «en la misma comparecencia» sobre medidas cautelares que se celebrará con cada imputado tras declarar.
Como ejemplo de estas fianzas, el fiscal cita al restaurante sevillano Río Grande, en cuyo ERE se detectó a una intrusa, al que «debe exigírsele fianza por importe de 1.990.689,36 euros, en el caso de que la misma no haya sido satisfecha por Carmen García Sánchez, responsable civil principal» y propietaria de la empresa.
El fiscal también insta a la magistrada a imponer una fianza al exfutbolista Pizo Gómez, imputado tras aparecer una póliza a su nombre, después de que éste ya haya declarado. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción reitera en su escrito su petición de que declaren todos los implicados, y no sólo los que por ahora han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 6 para los próximos días, en el pago de las ayudas a las empresas Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Río Grande. Entre estos imputados se encuentra el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera –el único alto cargo de la Junta implicado que está en activo–, y el exconsejero de Empleo Agustín Barberá.
La Fiscalía, que deja claro que quiere recabar y cerrar ya la investigación sobre las empresas citadas para poder continuar la instrucción sobre otras entidades, también solicita a Alaya que se le reclame a los despachos de abogados Garrigues y Estudio Jurídicos Villasís, que están implicados al estar varios de sus componentes imputados, «que aporten justificación documental del asesoramiento técnico/jurídico prestado y facturado de manera directa o indirecta» a través de las agencias públicas de la Junta o de la Dirección General de Trabajo (cuyo exdirector general Francisco Javier Guerrero es el principal imputado al ser el que disponía del fondo de reptiles).
Igualmente, les requiere todos los documentos que acrediten el asesoramiento prestado «en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a ERE de cualquier tipo o planes de prejubilación parcial desde el año 2001 al 2011».
Por último, solicita que la Agencia Tributaria elabore un informe sobre operaciones declaradas por estos despachos con «otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos investigados, sociedades mediadoras –en particular las aseguradoras Vitalia y Uniter–, así como a la propia Junta y entidades y agencias públicas dependientes de la misma».
