Un total de 48 horas duró la armonía entre Educación y los sindicatos para reformar el decreto 302, que regula el sistema de acceso a la función pública y la colocación de interinos en la bolsa de trabajo.

Ayer saltó por los aires, primero al conocerse que un juez ha ordenado la suspensión cautelar de las bolsas de interinos de 2011, y luego al romperse el consenso entre los sindicatos para reformar la norma. El juzgado de lo Contencioso número 9 de Sevilla ha suspendido cautelarmente las primeras bolsas de trabajo que se confeccionaron a partir del decreto 302. Es una medida sin precedentes y de consecuencias imprevisibles. Paralizar las bolsas supone bloquear el sistema para cubrir sustituciones, un remanente de interinos que son llamados cada vez que se produce una baja en el sistema (13.000 desde septiembre). Educación no está segura del alcance del auto, por eso además de recurrirlo, ha solicitado un pronunciamiento al juez sobre el efecto práctico que tendrá.

El auto es una medida contra el polémico decreto 302. Fue hace dos años cuando la Junta introdujo un nuevo sistema de selección de profesores que primaba más la nota y la formación (75%) que la experiencia (25%). Además se expulsaba de la bolsa a los que suspendieran las oposiciones. Esto tendría efecto sólo para los nuevos interinos, es decir, para los que opositaron en 2011.

Los que ya eran interinos antes de que se aprobara el decreto 302 conservarían los derechos de prioridad para acceder a una plaza. Esto provocó que en la misma bolsa convivieran dos tipos de interinos, unos con más beneficios que otros. La norma fue recurrida por los afectados. Ayer se conoció la primera favorable a los interinos, y la Junta distribuyó otros ocho autos que le dan la razón.

El auto que suspende las bolsas, del 13 de febrero, concluye que «se admite una diferenciación entre los interinos, con una prevalencia para los que prestaron servicios antes del 30 de junio de 2010 [cuando se aprueba el decreto 302], configurando la bolsa solamente por tiempo de servicios conforme a la norma anterior, y al resto por un nuevo baremo en el que se computará la nota, experiencia y formación».

El juez admite «el trato diferente» y acepta paralizar las bolsas por el «grave perjuicio que se ocasionaría si hubiese que revertir la situación». La suspensión podría provocar que cientos de interinos sean desplazados en la bolsa, al entrar los que fueron excluidos.

Todo esto sucedía mientras los sindicatos y la consejería estaban reunidos para cambiar la norma que ha dado origen al litigio. Había un principio de acuerdo para volver a blindar la permanencia de los interinos en la bolsa, y ayer se trataba de negociar el nuevo baremo para la ordenación, pero la negociación hizo aguas antes de comenzar.