El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la investigación abierta por las posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), puso ayer en el centro de la diana a José Antonio Viera y a Antonio Fernández, consejero y viceconsejero de Empleo respectivamente cuando él llego a la consejería. En la segunda jornada de su declaración, que continuará hoy, Guerrero repitió que seguía «indicaciones» de ambos, pero, especialmente, de Viera, a quien sitúa en el epicentro del entramado de empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Por eso dijo sentirse «un blanco fácil» con el que la Junta pretende «salvar la honorabilidad de otros».

La implicación de Viera es tal, según Guerrero, que aún cuando abandonó su cargo de consejero de Empleo «seguía influyendo» para que se entregaran ayudas a empresas de esta zona. El exdirector general, que implica directamente al Gobierno de Manuel Chaves, atribuye a Viera gran parte de estas ayudas, entre ellas las de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso y «amigo» de Viera, y José María Sayago. Guerrero sostuvo también que Viera tenía un compromiso con la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso para financiar la celebración de las Feria Gastronómica de la Sierra Norte, y que impulsó una subvención de 30.000 euros para el Ayuntamiento de esta localidad para prevención de riesgos laborales, pese a que existía un informe desfavorable de la Junta.

Según Guerrero, Viera le dio indicaciones para favorecer al sector del corcho de la Sierra Norte, pese a que en otras provincias también había empresas de este sector. Igualmente le atribuyó la ayuda a La Posada del Moro, un restaurante de Cazalla de la Sierra, al que Viera solía ir, y a la Cooperativa Olivarera de Guadalcanal, ya que comprometió con el alcalde un millón de euros. Lo mismo ocurrió con Sevilla Siglo XII, cuya ayuda fue pactada entre Viera y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla.

En cuanto a Fernández, viceconsejero de Viera y su sucesor en el cargo, Guerrero explicó a la jueza Mercedes Alaya que éste se reunió con Ángel Rodríguez de la Borbolla, y acto seguido recibió indicaciones para otorgar tres millones de euros a las empresas del exregidor de Cazalla y hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Los tres millones fueron cobrados entre 2005, 2006 y 2007.

Además, calificó a Viera y a Fernández, «con el respaldo del Gobierno andaluz», como los artífices del convenio firmado en 2001 y bajo el que se amparó el sistema de ayudas. Fue Viera el que promovió el criterio «político» de que las ayudas fueran discrecionales, reconociendo que a ellas sólo podían acceder personas cercanas a la Junta, ya que el convenio no fue publicado y sólo era conocido por personas del entorno y de los sindicatos. De hecho, dijo que las ayudas eran «como un producto de mercado» para sindicatos y comités.

Alaya, que aún tiene más de 70 preguntas por hacerle, también le preguntó por casos concretos como Aglomerados Morell, cuyo ERE reconoció Guerrero que se hizo con fines «electoralistas», ya que permitió trasladar la empresa a Villanueva del Río, lo que benefició a su alcaldesa; o sobre la firma falsificada en la póliza que recibió la madre de su chófer y que negó que se hiciera ante él. La jueza también le cuestionó por las elevadas comisiones de las aseguradoras, que el exdirector dijo desconocer. «Parte de ellas serían para los sindicatos», afirmó.

Pero la pregunta que desató ayer a Guerrero fue: «¿Por qué regaló dinero público sin que ni siquiera fuera solicitado?». Él volvió a insistir en que «los expedientes estaban completos» y que le están disparando precisamente a él porque no ha sido nadie del aparato del partido y quieren culparle para salvar la honorabilidad de otros. «Ahora parece que yo tenía la bolsa de euros al lado, cuando el dinero era del IFA», dijo con rabia. «Soy el blanco fácil, me están denigrando a mí y a mi familia», añadió, tras lo que le pidió suspender la declaración: «Estoy indignado y no puedo seguir», manifestó antes de acabar la sesión.

«Sus declaraciones hay que ponerlas en cuarentena». La consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, aseguró ayer que las declaraciones «en términos de defensa» de Guerrero «están puestas en cuarentena» a la espera de que se profundice en la investigación para tener una «opinión concreta sobre quién es responsable» del «mal uso puntual que se ha hecho de alguna partida» en los ERE. «Si Guerrero está diciendo a, b o c, lógicamente en términos de defensa, es porque los abogados de la Junta han procurado que se produzca esa declaración», dijo Moreno, que lamentó la fecha en la que está produciendo la declaración. «El PP se va a aprovechar» y van a «intentar manipular lo que diga» el exdirector general y le van a dar «una credibilidad extraordinaria».

Además, Moreno defendió el sistema de ayudas a empresas en crisis, conocido «no ya por el Gobierno sino por el PP porque votaban todos los años en el Parlamento», frente al «mal uso puntual». La Junta también recordó el interés del PP, no sólo de Manuel Chaves, por desatascar el conflicto de Bilore. Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo que nadie puede decir que el caso de los ERE «haya sido cosa de un solo cargo», y pidió explicaciones a Griñán sobre «un fraude diseñado para escapar de los controles».

l.o. sevilla