Y al final tiró de la manta, de su manta, como había dicho. El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero mantuvo ayer una estrategia de defensa clara ante la jueza que investiga las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), consistente en disparar hacia arriba, hacia sus superiores y mantener que las ayudas que él firmó las hizo utilizando un sistema que él no ideó, sino que fueron éstos quienes lo crearon y quienes le pusieron en sus manos las herramientas que luego él utilizó. Algunos de los nombres que dio ayer ya están imputados, otros no, por lo que habrá que ver qué ocurre a partir de ahora. Todo dependerá de si la jueza logra las pruebas que apoyen todo lo que sostiene Guerrero.
«Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas». Esta es la frase demoledora con la que Guerrero ha implicado a todos sus superiores en la supuesta trama, aunque no fue la única que pronunció ayer en su declaración, que se extendió durante seis horas y que continuará hoy. En la misma, el exdirector general señaló a varios cargos de la Junta, entre ellos, el expresidente Manuel Chaves, el presidente José Antonio Griñán, a los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y los de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el exdiputado Ramón Díaz. Y es que ayer le contó a la jueza Mercedes Alaya que él informaba «de todas las ayudas» al Consejo de Dirección de la Consejería de Empleo y a todos los que acudían al mismo, «consejeros, viceconsejeros y delegados provinciales», sin que «ninguno de ellos pusiera reparos a estas ayudas».
Además, Guerrero aseguró que la única vez que recibió instrucciones por escrito fue cuando el Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves le remitió «un documento con indicaciones» para que «solucionara sí o sí» el conflicto laboral de Bilore, ya que Chaves tenía al día siguiente un acto político en Lucena (Córdoba), donde está asentada la empresa. Asimismo, también señaló al exviceconsejero Agustín Barberá, al que la jueza imputó la semana pasada, porque también le dio indicaciones para que incrementara en 26 millones de euros, «que no tenía», las ayudas para solucionar el conflicto de la industria naval de Cádiz.
Mantener la paz social. Las preguntas de Alaya ayer fueron muy genéricas, sin entrar en detalles de las ayudas ofrecidas a empresas, salvo casos concretos y que fueron puestos como ejemplo. Sí estuvo muy interesada en el convenio firmado entre Empleo y el IFA (hoy la Agencia IDEA) en 2001. En este sentido, dijo que éste se firmó ante el reparo de la Intervención de abonar el último pago de las nóminas de Cárnicas Molina y «ante la preocupación de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis» de empresas. Así, explicó que la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles», la aprobó la Intervención, así como «el consejero y consejera de Hacienda» (en referencia a Magdalena Álvarez y Griñán) y que «era una partida blindada».
Las explicaciones de este convenio, para el que se contó con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues, se las dio el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también imputado, «el cual lo había hablado previamente con el consejero», que por entonces era José Antonio Viera. Es más, dijo que a él no le gustaba este convenio porque era «discrecional», y hubiera preferido una orden o decreto «para que hubiera llegado a más gente». Además, aseveró que tanto el Consejo de Gobierno como el presidente de la Junta «conocían el sistema, es un dato objetivo».
Guerrero también hizo alusión a que en la Consejería de Empleo se han destruido documentos, porque cuando él estaba «todos los expedientes estaban completos» y que «los que hay en la causa no tienen nada que ver».
Preguntado por la jueza sobre quién ha podido destruir este material, dijo que suponía que la orden la habrá dado «el consejero o el viceconsejero». El exdirector general de Trabajo también trasladó a la magistrada que «cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia», por ejemplo «Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia”.
Antes de su declaración, Alaya aclaró a Guerrero que los delitos que le imputan son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, dos delitos de falsedad documental en documento oficial y falsedad en documento mercantil, todos ellos en su modalidad de continuados y conllevan penas de cárcel. Seis delitos que se extraen de un relato de hechos, cuya lectura ha llevado a la magistrada casi una hora y cuarto y que recopila todas las irregularidades detectadas hasta ahora, incluidas la compra de cocaína con dinero público.
