Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, presentará la próxima semana una demanda judicial contra el exdirector de promoción de la empresa Cristóbal Cantos por intromisión ilegítima en el derecho al honor y en la imagen de la empresa y le pedirá una indemnización de 300.000 euros.

En rueda de prensa, el presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, sostuvo que hay «evidencias» de que Cantos ha filtrado a los medios de comunicación unas grabaciones con las que pretendía difundir una imagen de «corrupción» en la empresa. Cantos ha demandado a Invercaria por despido nulo y le reclama una indemnización de 300.000 euros por acoso laboral y, como prueba de su acusación, presentó una grabación de audio, en la que supuestamente la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz le pedía que elaborara informes falsos para justificar unas subvenciones empresariales.

Durante el juicio por el despido de Cantos contra Invercaria y Laura Gómiz, que quedó el viernes visto para sentencia, se «ha desinflado la estrategia montada contra Invercaria, su expresidenta y el Gobierno de la Junta», según Álvaro Julio. Tras dejar claro que respeta el proceso judicial y la sentencia que emita el juez, confió en que Invercaria salga absuelta puesto que el fiscal «ha coincidido con la defensa» en que había que desestimar la demanda de despido presentada por Cristóbal Cantos.

Expresó su satisfacción por que el Ministerio Fiscal haya considerado que no ha habido amenazas por parte de la exdirectora de Invercaria hacia Cantos, que no era necesario abrir una causa penal y que no se habían vulnerado derechos fundamentales. Se trata, según el presidente de Invercaria, de una «manipulación y un montaje usando a Invercaria y a su presidenta para atacar al Gobierno andaluz con un beneficio político» y acusó al PP y a algunos medios de comunicación de «encabezar esta campaña de desprestigio».

El presidente de Invercaria también resaltó que en el juzgado el ingeniero de sonido aseveró que las grabaciones «fueron manipuladas, que había una edición posterior y que no era el soporte original». Además, «todos los testigos», según Francisco Álvaro Julio, dijeron en el juicio que no se han falseado documentos, ni se han inventado expedientes y explicaron que el trabajo consistía en volcar datos en una nueva base de datos.