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Juicio de los ERE

La juez cifra en 887 las ayudas ´injustas´ de Guerrero

Prisión sin fianza para el exdirector general de los ERE - Anticorrupción calcula el fraude en 933 millones de euros

 05:30  
[17/03/2012]

EFE La juez Mercedes Alaya, que en la madrugada de ayer envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

El caso de los ERE estalla en plena campaña electoral del ingreso en prisión de Guerrero, una medida que según dijo ayer el presidente andaluz y candidato del PSOE a la reelección, Jose Antonio Griñán, había pedido ya la Junta de Andalucía. Griñán explicó que la Junta, personada en el caso de los ERE fraudulentos, pidió hace «mucho tiempo» que declarará ante la juez el exdirector general de Trabajo, y «su prisión».

Por su parte, el candidato del PP, Javier Arenas, afirmó ayer que el escándalo de los ERE irregulares «alcanza a dos presidentes de la Junta», que deben «responder» sobre el reparto «en secreto» del «dinero público solo a los amigos del poder». En un mitin en Almería, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Arenas subrayó que en la Junta se «han despilfarrado mil millones de los parados», cuando «dicen defender a los débiles». Lo que hacían era «repartir en secreto el dinero publico sin que nadie se enterara solo a los amigos del poder y de eso es de lo que tienen que responder dos presidentes».

Demoledor auto de prisión. En un auto de prisión de 38 folios, al que tuvo acceso Efe, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, «en connivencia con otros», otorgó esa serie de ayudas «de manera manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas» a su entorno o al de «altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE».

Todo ello «permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza», dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un «enorme agravio comparativo» con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque «el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas» tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, según fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2.30 horas de la madrugada de ayer, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su «arraigo social y laboral» y porque «podría estar recibiendo presiones externas» para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos «que no haya desvelado todavía». «Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga», sostiene Alaya.

Medio centenar de imputados. Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan «su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional».

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.
El auto cita entre el «largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado» a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que «carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo» y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía «acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas», según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

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