El sucesor de Guerrero en Empleo declara hoy ante la Guardia Civil

La defensa del exdirector general cree que la campaña ha sido «el gran motivo» para pedir la prisión

 02:14  

ROCÍO VELIS Después de la intensa declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ante la jueza Mercedes Alaya que lo envió a prisión, llega el turno de su sucesor en el cargo, Juan Márquez. Sin embargo, el que fuera director general durante dos años lo hará ante la Guardia Civil, tal y como ocurrió con Guerrero, que acudió en dos ocasiones ante los investigadores.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que están desplazados desde Madrid para llevar la investigación, cuestionarán a Márquez, que se puede acoger a su derecho a no declarar, por los ERE de Calderinox, Aglomerados Morell, Río Grande y Surcolor.

En el auto de imputación, dictado el 27 de enero, la jueza considera que el exdirector general firmó las pólizas de Calderinox «consciente» de la inclusión de dos intrusos, siendo uno de ellos el exdelegado de Empleo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, y con «conocimiento de la total ausencia de procedimiento», cumpliendo así un «compromiso verbal» de Guerrero y del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

Asimismo, la magistrada cree que firmó la póliza para pagar el ERE de Aglomerados Morell, en el que se detectaron otros dos intrusos, que en realidad se destinó al pago del traslado de sus instalaciones. Márquez también suscribió el expediente del restaurante Río Grande, iniciado por Guerrero, pese «a no estar amparado en resolución alguna», por lo que Alaya le responsabiliza de la «defraudación de fondos públicos de 1,5 millones de euros» sólo en este caso. La jueza recuerda, además, que la empresa tenía fondos para hacer frente al pago del ERE financiado por la Junta.

Por último, la participación de Márquez en el ERE de Surcolor, en el que también fueron dos los intrusos hallados,
fue ordenar varios pagos. En este mismo auto, la magistrada también imputó al actual director general de Trabajo Daniel Rivera, quien sustituyó a Márquez en abril de 2010, que aún no ha sido citado a declarar.

Para la jueza tanto Márquez como Rivera dieron cumplimiento a los compromisos de Guerrero, un criterio que
comparte la Fiscalía Anticorrupción, que asegura que es «corresponsable no sólo del dinero dilapidado hasta su cese, sino también del que dejó comprometido». Así se recoge en el acta de la comparecencia celebrada el viernes por la noche en la que solicitó el ingreso en prisión del ex alto cargo y la imposición de una fianza. Su defensa, en cambio, cree que tras la petición de cárcel se encuentra «el momento procesal en el que nos encontramos», es decir, la campaña electoral, que es «el gran motivo para solicitar la prisión de mi representado». Un argumento que también esgrimió el abogado de Antonio Rivas, que aseguró que «si el marco temporal hubiera sido otro, otra habría sido la petición».

Por otro lado, ayer el PP-A hizo público un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que revisa dos subvenciones otorgadas por Guerrero y que revelan que se cargaban al llamado «fondo de reptiles» sin «procedimiento administrativo alguno».

Fuentes de la Junta precisaron ayer que este informe se encargó para no pagar subvenciones ilegales firmadas por Guerrero. El documento concluyó que no se debía abonar, contando incluso con sentencias a favor de la Junta, «lo que demuestra la manipulación del PP».

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