En plena campaña

Alaya cita al exconsejero Antonio Fernández

El sucesor de Guerrero en Empleo optó ayer por guardar silencio, a la espera de declarar ante la jueza

 02:09  
Juan Márquez, a la izquierda, ayer ante el cuartel de la Guardia Civil junto a su abogado.
Juan Márquez, a la izquierda, ayer ante el cuartel de la Guardia Civil junto a su abogado.  EFE

ROCÍO VELIS Hace justo un año, el 14 de marzo de 2001, la jueza Mercedes Alaya anunciaba al exconsejero de Empleo Antonio Fernández su imputación en la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por burofax. Ayer, en plena campaña electoral, le comunicó que debe ir a declarar el 19 de abril, el mismo día que tomará posesión el nuevo Parlamento que surja de las urnas el próximo 25 de marzo. En la providencia con su citación, la magistrada también fija un calendario de declaraciones de imputados que termina con la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La decisión de la magistrada se produce justo después de la declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guererro, el principal imputado, que apuntó directamente a sus superiores. De momento, y aunque Alaya también tiene en su lista de imputados al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, sólo ha llamado a Fernández, sin pronunciarse aún sobre si llegará a imputar al también exconsejero del ramo y actual diputado socialista José Antonio Viera, al que señaló Guerrero directamente.

Hace un año, la jueza le comunicó a Fernández que estaba imputado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ahora, Alaya le interrogará por el convenio que en 2001 firmó siendo presidente del IFA, y viceconsejero de Empleo, con Viera, que entonces era consejero, y que posibilitó la creación del fondo de reptiles del que partieron las ayudas «discrecionales» a empresas y particulares.

Guererro explicó en su reciente declaración, tras la que terminó ingresando en prisión, que fue Fernández quien le explicó el convenio y que tras la marcha de Viera en Empleo completó «el planing» de las ayudas comprometidas por éste con las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Además, el exdirector general también dijo que él informaba tanto al consejero como al viceconsejero de todas las ayudas que otorgaba, incluso de los pagos cruzados que realizaba para poder abonar algunas pólizas.

Unas acusaciones de las que, a buen seguro, le interrogará Alaya. Otra de las preguntas que le podría hacer la titular del Juzgado de Instrucción número 6 es sobre su inclusión en el ERE de González Byass como trabajador en excedencia, que fue firmado por la Consejería de Empleo. Una póliza de prejubilación que no llegó a cobrar.
Fernández fue nombrado consejero, en sustitución de Viera, en 2004, ocupando el cargo hasta 2010. Durante todo este tiempo, mantuvo a Guerrero como director general de Trabajo.

Pero la de Fernández no será la única declaración de un ex alto cargo que ha fijado Alaya, pues cierra su calendario de citaciones con la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, amigo personal de Guerrero, quien defendió su inocencia en su declaración.

La magistrada le ha citado el 26 de julio para cuestionarle sobre la inclusión de varias personas de su entorno como intrusos. Alaya cree que Rivas autorizó «un buen número» de expedientes de regulación de empleo en los que fueron detectados falsos trabajadores, entre ellos los de Surcolor e Intersur, en los que introdujo a dos cuñados y a un militante socialista, marido de una concejal de Camas, localidad de la que Rivas fue alcalde.

Además, la jueza sospecha que el exdelegado comprometió una subvención con la empresa Aglomerados Morell para contratar trabajadores de Villanueva del Río y así beneficiar electoralmente a la alcaldesa de la localidad, después de que se aprobara un ERE con el que supuestamente se pagó el traslado a este municipio desde Valencina.

El exchófer, el martes. En este nuevo calendario, la jueza mantiene para el próximo martes la declaración del exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo, que reveló a la policía que parte del dinero que recibió en ayudas lo destinó a comprar cocaína para ambos.

Por otro lado, el sucesor de Guerrero en el cargo, Juan Márquez, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. Según explicó su abogado, Manuel Pérez negó los hechos que se le imputan y mostró su disposición a declarar ante la jueza cuando conozca más exhaustivamente el sumario del caso, que suma ya 17.000 folios.

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