La expresidenta de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía (Invercaria) Laura Gómiz, demandada por el exdirector de Promoción de dicha entidad, Cristóbal Cantos, por «despido nulo y vulneración de derechos fundamentales», se definió ayer como un «daño colateral» de una estrategia «con intereses políticos» del PP. En estos términos se expresó ayer Gómiz en una entrevista en la Cadena SER.

«La contextualización de esas grabaciones que han salido con mi voz pero para nada con mis pensamientos, estaba en el marco de una nueva herramienta de gestión, y una carga de información de expedientes antiguos, porque todos los nuevos los hacemos desde el principio con esta nueva herramienta».

En este sentido, hace hincapié en que el informe pericial aportado el viernes en el juicio que la ha sentado en el banquillo por supuesto acoso laboral contra el exdirectivo que realizó las grabaciones, Cristóbal Cantos, ha demostrado que la cinta tiene cortes «que hacen que todo lo que ahí se diga es lo que quieren los manipuladores que se diga, y no lo que yo digo».

Gómiz reconoció además que dimitió al conocer la existencia de la grabación. «Dimití porque sabía que con la forma en la que estaba manipulada la grabación se pretendía hacer mucho daño a la organización y a mí misma, por eso dimití, para evitar el daño y poder defenderme en los juzgados», asegura. Cabe recordar que el presidente actual de Invercaria, Francisco Álvaro, aseguró al difundirse la grabación que esta dimisión se debió a «motivos personales», aunque admitió que Gómiz buscaba también «preparar su defensa» en este caso.

La expresidenta de Invercaria explicó que el despido de Cantos «para nada estuvo motivado por negarse a falsear informes, algo que nunca ordenaría, porque soy una persona íntegra», sino por un descenso en sus rendimientos que había provocado previamente su cambio de departamento.

«Dejaba las cosas a medias, no aportaba proyectos. Llegó a plantearme el teletrabajo, algo incompatible con sus funciones... eso motivó su despido», afirma. Pero la expresidenta de Invercaria ahora está convencida de que «grabó las conversaciones y luego forzó su despido para aportarlas a un procedimiento laboral, el único en el que de forma inmediata se pueden aportar. Luego decidió filtrarlas a la prensa».

Esta estrategia no tenía, a juicio de Laura Gómiz, otro pretexto que el de influir en la campaña electoral a favor del PP. «Al principio pensé que yo era la víctima, y él el verdugo, ahora pienso que él es un instrumento, y yo un daño colateral, que el verdugo es quien tiene intereses políticos, y ese es el PP, y que la víctima es la Junta», afirma. «Si esto es una forma de ganar las elecciones, me horrorizo», añadió.

Laura Gómiz deja claro que el procedimiento de concesión de ayudas en Invercaria es transparente. «Llegaba un inversor, el propio director de Promoción lo recibía (Cristóbal Cantos) y le requería toda la información oportuna para realizar el análisis. Una vez que teníamos esa información se enviaba al departamento de análisis, que emitía un informe técnico que valoraba los pros y los contras de la inversión. Luego, los órganos de gobierno establecidos por estatutos decidían si esa inversión era rentable o no. Yo pretendía que esos análisis estuvieses homogeneizados, y eso me lo permitía la nueva herramienta de gestión que estaba implantando».

Ahora, la expresidenta de Invercaria confía en el resultado del juicio. «Confío en que haya justicia y que se difunda la verdad, mi verdad», concluye.

El presidente de la Junta y candidato del PSOE-A a la reelección, José Antonio Griñán, reiteró ayer que la cinta tiene 13 manipulaciones y destacó que «no sabemos lo que se ha dicho en verdad, sólo lo que recogen las cintas». Además, se remitió a la justicia y recordadó que a Gómiz no la nombró él.

No obstante, subrayó que, «si es verdad que ha habido informes falsos en algún préstamo, se tomarán medidas» porque, según subrayó, «quiero llegar hasta el final caiga quien caiga», al igual que con los ERE.