La juez que investiga los ERE fraudulentos ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado pasado, para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido.
La juez Mercedes Alaya ha impuesto esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión, han precisado a Efe fuentes del caso, que han añadido que su abogado ha notificado hoy la medida personalmente a Guerrero en la prisión Sevilla-1.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez rechaza expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso y designarla responsable subsidiaria de las futuras indemnizaciones, como había pedido el abogado de Guerrero, para no lesionar "nuevamente el interés jurídico de los ciudadanos".
Explica la magistrada que "en el plano real" los verdaderos perjudicados por los ERE fraudulentos "son los ciudadanos de este país, con independencia del buen nombre de una institución pública".
No obstante, en caso de declarar responsable subsidiaria a la Junta "se daría la paradoja de que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados para no hacer frente a sus propias responsabilidades".
Mientras tanto, los ciudadanos "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente, mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria".
Aunque la Fiscalía Anticorrupción cifró la fianza en 933 millones de euros, la juez la sitúa en 686.190.686 euros y afirma que la ha calculado teniendo en cuenta el "principio de proporcionalidad, moderación, medida justa y equilibrio" y por los "sólidos indicios" contra Guerrero, que fue director general entre 1999 y 2008.
El auto enumera cuatro apartados de los fondos irregulares que concedió Guerrero (ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, primas por los "intrusos" aparecidos en los ERE y pagos cruzados) y que eran "absolutamente discrecionales, concedidas solamente a entidades próximas a la Administración y estaban completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido".
La juez -que ya ha imputado a otros dos directores generales, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exviceconsejero Agustín Barberá- señala que "los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes iniciados por Guerrero" pero no detuvieron los pagos ni pusieron en marcha mecanismos de reintegro.
El capítulo de ayudas sociolaborales irregulares queda fijado en 456 millones de euros, las ayudas a empresas en 59 millones, las primas por "intrusos" -entre ellos la propia suegra de Guerrero- asciende a 3 millones de euros y los pagos cruzados -que no figuraban en la contabilidad de la agencia IDEA- es fijado en 4 millones de euros.
A ello la juez añade "prudencialmente" otros cinco millones por la posible aparición de nuevas irregularidades e intrusos, lo que "seguramente aumentará con el estudio de los sucesivos expedientes".
