La Fiscalía investiga un posible delito con dinero público en Invercaria

El fiscal asume el caso por el «descontrol» en la cesión de créditos y la Junta de Andalucía defiende el papel de su empresa

21.03.2012 | 06:30

La Fiscalía Superior de Andalucía ha detectado indicios de delito penal y contable en la gestión de Invercaria, la empresa pública de capital riesgo de la Junta. El Ministerio Público ha abierto diligencias por las posibles irregularidades en el sistema para la concesión de créditos a empresas. El caso del descontrol en Invercaria entra por tanto en la vía penal, y vuelve a empañar la campaña electoral y la imagen del Gobierno andaluz al poner en tela de juicio el manejo del dinero público.

Invercaria se creó en 2005 como sociedad pública de capital riesgo, cuyo objeto es asistir a empresas recién creadas, evaluar su potencial y decidir si le financian un proyecto. En casi siete años ha concedido créditos a 278 firmas con una inversión global de 62 millones. Algunos de esos créditos dieron frutos y las empresas subvencionadas han aprovechado el empujón de Invercaria para consolidarse y crecer. Otras no. El porcentaje de fallidos de Invercaria es del 15%.

En febrero, la Cámara de Cuentas emitió un informe sobre Invercaria denunciando «gastos injustificables, flagrantes irregularidades y gravísimos incumplimientos de la normativa que regula las inversiones».

La Fiscalía investiga ahora si existía un procedimiento regulado para conceder los créditos o si se actuaba a ciegas y con arbitrio. El fiscal profundiza en el informe de la Cámara, pero también recoge el análisis de la Policía Judicial. Ésta sospecha de que se dieron ayudas millonarias a empresas que en ese momento sufrían cuantiosas pérdidas.
La Junta recordó ayer que ésta es la razón de ser de una sociedad de capital riesgo, y recordó que el porcentaje de fallidos de Invercaria es muy inferior a la media de España en empresas de este tipo (entre el 30 y 40%). Pero la policía señala que los préstamos se concedían sin informes previos que midieran los riesgos y, a veces, el importe del crédito era superior al capital social de la empresa beneficiaria.

Este caso empezó a cobrar forma a partir de la denuncia de un ex alto cargo de Invercaria, Cristóbal Cantos, contra la expresidenta, Laura Gómiz. Cantos se querelló contra su exjefa por acoso laboral. En la denuncia adjuntó como prueba una grabación en la que se oye a Gómiz admitir que «no hay procedimiento» y le pide a su subordinado que elabore informes que justifique a posteriori las ayudas que ya se habían concedido en el pasado.

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