Un auténtico tejemaneje es lo que describió ayer el que fuera chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso por las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Un testimonio por el que todas las acusaciones han pedido prisión preventiva, imputado por once delitos: tres de obtención ilegal de subvenciones, otro de falsedad en documento mercantil, tres de falsedad en documento oficial, además de los continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Al cierre de esta edición la magistrada aún no había dictado el auto. Ante la jueza Alaya narró una serie de hechos delictivos con los que él y su jefe, los dos únicos imputados por este caso (Guerrero ya en prisión), se garantizaron una importante cantidad de dinero público «para sus gastos». En concreto, un millón de euros en cocaína. Gastaban «unos 25.000 euros mensuales», gracias a dos ayudas a empresas, una póliza y cuatro facturas falsas. Todo en tres años.
Fianza. Juan Francisco Trujillo estuvo ocho horas declarando. La Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias pidieron cárcel por el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos que se le imputan y el peligro de que pueda interferir en la investigación. Las tres acusaciones, además, le reclamaron una fianza de 2,3 millones de euros como responsabilidad civil, sobre la que no se ha pronunciado la jueza.
El PP también pidió la inmediata detención del comercial de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín, imputado en el caso, y el precinto y clausura de la sede de la entidad en Madrid, después de que el exchófer dijera que la entidad le entregó dos sobres con dinero para Guerrero.
La declaración de Juan Francisco Trujillo no tiene desperdicio. El que fuera chófer de Guerrero recibió dos ayudas de 450.000 euros a dos empresas que, según dijo, fueron creadas para este fin «por indicación» de su jefe. Gran parte de este dinero, algunos miles de euros que destinó a la entrada de un piso y a un terreno en Jaén, todo lo demás fue para cocaína para ambos, regalos y otros gastos. Y es que, según relató llegó a gastar «unos 25.000 euros» al mes en cocaína para él y para su jefe. Una media diaria de 833 euros.
Trujillo, que se mostró nervioso y casi no se le escuchaba la voz, relató que él y Guerrero «consumían cocaína a cualquier hora» y que él mismo se encargaba de adquirirla y luego «hacía bolsitas» que luego le entregaba a su jefe. Fue el ex alto cargo, siempre según su versión, el que le dijo que «la cocaína le mantenía despierto», por lo que decidió probarla, llegando a consumir «unos cinco gramos como mínimo al día» cada uno.
La droga se la compraba al hijo del dueño de un restaurante, que también recibió ayudas públicas, y con el que Trujillo acabaría montando una sociedad con la que pretendían lograr más ayudas públicas, aunque luego no lo lograron. Cuando se quedaron «sin liquidez», el exdirector general le dijo que se buscara a una persona mayor para poder hacerle una póliza. Fue entonces cuando Trujillo cogió la documentación de su madre, Estrella Blanco, y falsificó su firma «delante de Guerrero» para poder recibir más de 122.000 euros. «La única motivación de la póliza era tener liquidez para la cocaína», afirmó.
Facturas falsas. Para lograr más dinero, Trujillo admitió que se hizo facturas falsas sobre trabajos a empresas, todas relacionadas de alguna forma con la Dirección General de Trabajo, que no existieron. Así, recibió 6.900 euros por un trabajo a Dhul, otro tanto por otro a Delphi, otros 6.000 al despacho de abogados Villasís, y 78.000 euros a una empresa cordobesa. Lo que suma un total de 97.800 euros.
También, en un par de ocasiones fue a Madrid enviado por su exjefe. La primera vez quedó en Atocha con Antonio Albarracín, uno de los imputados en el caso y responsable de la aseguradora Vitalia, quien le entregó un sobre «tamaño folio con billetes grandes». La segunda acudió al despacho de éste para recoger otro sobre. Se da la circunstancia que Vitalia es una de las entidades que se beneficiaron de las elevadas comisiones por intermediar en los ERE.
El exchófer reconoció que tras recibir las ayudas, en febrero de 2004, le entregó a Guerrero «más de 50.000 euros en metálico» y que además le regaló unos «2.000 euros en ropa» y otros «mil en móviles». Asimismo, le compró diversos objetos como un piano, cuadro y antigüedades. Es más, dijo que Guerrero recibía muchos regalos, como el que le hizo el dueño de una gasolinera, que le entregó un equipo GPS, un DVD y unos televisores para su BMW.
Trujillo explicó que su jefe «quedaba en los bares de copa para despachar» los asuntos y que, «a los dos días veía a las personas con las que había quedado en su despacho oficial». De hecho, las ayudas que recibieron sus empresas se las ofreció «en un bar de copas».
«Tú crea una sociedad», le dijo el ex alto cargo, por lo que él entendió «que me estaba invitando a crear empresas fantasmas». Es más, dijo que Guerrero se ofreció a otorgarle otros 450.000 euros a una tercera empresa, ya que le había dado una que al final se la quedó su socio. «Comía en restaurantes al mediodía» y luego «se iba a tomar copas y allí despachaba los asuntos por la tarde», indicó.
El exchófer también reconoció que Guerrero tenía amistad con el mediador en los ERE y exsindicalista Juan Lanzas, también imputado en el caso, pues «lo solía ver juntos» al igual que con los responsables de Vitalia y Uniter. Asimismo, afirmó que en un par de ocasiones le llevó a «despachar» con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, saliendo en una de ellas «muy enfadado».
No era la única vez que le vio con mal carácter pues, según relató, «solía enfadarse cuando le paralizaban los pagos» que él había comprometido. Según Trujillo, el ex alto cargo «también despachaba» con los exconsejero y viceconsejero de Empleo Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos imputados.
Asimismo, explicó que él se dio cuenta que «las ayudas se daban a personas cercanas a Guerrero o al PSOE» y que «presumía del poder que tenía para conceder ayudas».
Por último, incluso reconoció que está cobrando el paro de forma ilegal, ya que pidió a varios empresarios que le declararan en la Seguridad Social para cobrar el desempleo.
