Existe riesgo de fuga y, sobre todo, la posibilidad de que pueda destruir pruebas claves para la investigación por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Estos son algunos de los argumentos en los sustenta la Fiscalía Anticorrupción su escrito en el que se opone a la puesta en libertad del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, solicitada la semana pasada por su defensa. En definitiva, para el Ministerio Fiscal las circunstancias que le llevaron a solicitar su ingreso en prisión no han variado.
En su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 6, el fiscal repasa todos los argumentos que planteó el pasado 10 de marzo para solicitar el ingreso en un centro penitenciario de Guerrero, el principal imputado en el caso al ser el que disponía de las ayudas. Así, insiste en la gravedad de los hechos que se le imputan al ex alto cargo, ya que la jueza le considera autor de siete delitos, uno de los cuales implica por sí sólo 18 años de cárcel. Una imputación que el exdirector general no conoció hasta el día que fue citado a declarar, de ahí que la Fiscalía crea que, pese a que llevaba un año ya imputado, sea ahora cuando existe un verdadero riesgo de fuga.
Este, de hecho, fue uno de los motivos sobre los que sustentó la jueza el auto de prisión, al considerar que incluso podría recibir «presiones externas», dado la «relevancia penal de su testimonio» para inculpar a otros.
La defensa de Guerrero, en su escrito, negaba este extremo recordando que llevaba un año imputado y que, tras conocer su grave imputación, acudió los tres días que fue citado. Su letrado, Fernando de Pablo, recordó que está casado, que su mujer tiene trabajo en Sevilla y que su hija, de diez años, está escolarizada en la capital hispalense.
Además, incidió en que es una incongruencia que se afirme que existe riesgo de fuga cuando Guerrero solicitó su reingreso a su plaza de funcionario.
Otro de los argumentos que esgrimió la Fiscalía en la vistilla para solicitar la prisión preventiva, fue el hecho de que el ex director general podía influir en otros imputados y testigos que hayan de venir aún a declarar, influencia para su favor que se derivaría del natural agradecimiento que muchos beneficiarios de sus ayudas tienen hacia él».
La jueza puso en su auto como ejemplo a su exchófer, también en prisión desde el martes, por lo que la defensa solicitó la puesta en libertad del ex alto cargo a partir del pasado miércoles 21 de marzo para evitar «suspicacias». En cambio, la Fiscalía cree que este riesgo persiste, pues puede influir en otros y no sólo en el exchófer.
La Fiscalía no será la única que se pronunciará sobre la libertad de Guerrero, sino que tendrán que hacerlo todas las partes a las que la jueza le ha dado dos días, tras lo que tendrá que resolver. El abogado de Guerrero planteó en su recurso alternativas a la prisión, como la retirada del pasaporte o el uso de medios telemáticos. Unas medidas que la magistrada podría acordar si decide dejarlo en libertad provisional.
