La Fiscalía Superior de Andalucía se ha inhibido a favor del juzgado sevillano que lleva la investigación abierta sobre la gestión de Invercaria, la empresa pública de capital de riesgo de la Junta, tras haber detectado indicios de delito penal y contable.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a este periódico que el decreto remitido esta misma semana desde la Fiscalía Superior a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, hace referencia a esta inhibición y, por tanto, al cierre de las diligencias que se habían abierto por las posibles irregularidades en el sistema para la concesión de créditos a empresas. El fiscal superior abrió una investigación tras conocer los hechos, pero días después lo haría el Juzgado de Instrucción número 17, tras inhibirse la jueza Mercedes Alaya, al considerar que estos hechos no están relacionados con la investigación que ella dirige sobre las posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Al estar ya los hechos en manos de un juez, el Ministerio Público está obligado a dejar la instrucción al juzgado.

Eso es lo que ha decidido el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en el decreto remitido a la Fiscalía Sevilla. En el mismo, además, se recogen todos los puntos que hasta ahora había investigado para que el fiscal de Delitos Económicos, al que le ha recaído el caso, y el juez puedan contar con sus conclusiones.

El informe está siendo estudiado ahora por Segarra y se unirá al escrito que tiene pendiente de entregar el fiscal al juzgado solicitándole las pruebas que se deben practicar para aclarar si hubo irregularidades.