Eran el sector incuestionable, indicativo de futuro, alternativa de riqueza. Cuando el ladrillo empezó a envenenarse, muchos analistas incidieron en las renovables como vía para construir otra economía y romper la dependencia con fuentes como el petróleo. Se miró, por ejemplo, al desarrollo de Andalucía y de Málaga, donde se han experimentado grandes avances en los últimos diez años en áreas como la energía eólica. Un campo que, sin embargo, ahora los empresarios observan con preocupación, especialmente tras la aprobación del decreto ley que suspende temporalmente los incentivos a las instalaciones, lo que podría suponer, insisten, un severo varapalo a su crecimiento.

Según la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), la nueva norma, interpretada como una moratoria a los objetivos de producción, tendrá una repercusión directa en la economía del sector en la provincia; un total de 17 plantas repartidas por 13 municipios de Málaga se verán afectadas y con ellas sus puestos de trabajo (878) y la inversión, de alrededor de 351 millones de euros.

De acuerdo con el colectivo, el polémico decreto suprime la incorporación de nuevas instalaciones al registro de preasignación de retribución, el sistema por el que las empresas de renovables recibían los incentivos económicos que les han permitido funcionar y expandirse en los últimos años. Eso significa la congelación de los 17 proyectos de instalaciones previstos en Málaga, una circunstancia a la que tampoco es ajena el conjunto de Andalucía, donde la norma deja en el aire la producción de un total de 1.700 megavatios y de una inversión de 2.000 millones de euros.

El sector de las renovables ha permitido generar alrededor de 44.000 puestos de trabajo en la comunidad durante los últimos cuatro años. Según Aprean, la cifra podría alcanzar los 100.000 empleos a medio plazo. Se trata, además, de empleo sólido y no susceptible a verse afectado por fenómenos como el traslado de empresas y la deslocalización.

A la luz de estos datos, el presidente de Aprean, Mariano Barroso, considera que el decreto ley representa «el mayor palo recibido en la historia del sector», ya que redundará en la pérdida de puestos de trabajo. La aplicación de la norma comporta, además, un nuevo retraso a los objetivos fijados por la administración para 2020. «El problema de paralizar la eólica es que cuando se reactiva quizá nos encontramos con que los trabajadores cualificados han emigrado a otros países», reflexiona.

Las nuevas reglas del juego validadas por el Gobierno también empiezan a desanimar a los inversores, que ya no apuntan a las renovables como un valor seguro, al menos durante este ejercicio. A la incertidumbre general se suma la de los incentivos que, en Andalucía, recuerda Barroso, provocará la paralización de 2.000 millones de euros de capital privado. El responsable de Aprean no ampara la decisión de la administración, ni siquiera teniendo en cuenta los parámetros de ahorro y de control del gasto. «No es una cuestión de presupuesto, sino de mala planificación económica», resalta.

Aprean insiste en que la energía eólica ha demostrado en los últimos años su rentabilidad y capacidad de aportar grandes cantidades de recursos al suministro eléctrico. «Nosotros hemos cumplido todos los objetivos previstos con el Gobierno», resalta. Las energías renovables son el subsector que mayor crecimiento ha experimentado en España desde 1998, con un 3.000 por ciento.