Cansada de que se ponga en cuestión la transparencia de las cuentas públicas andaluzas, la Administración regional lanzó ayer un órdago al Gobierno. Si tantas dudas hay, «que venga directamente a Andalucía la Unión Europea para supervisarlas», espetó la consejera de Administraciones Públicas en funciones, Carmen Martínez Aguayo, que criticó la «evidente tendenciosidad del Gobierno central» hacia la región.

La responsable de las finanzas públicas andaluzas desafió así al Ejecutivo después de que éste haya recrudecido las críticas a la credibilidad de la gestión regional, una estrategia que ya empleara en la campaña electoral de los comicios andaluces. La última afrenta llegó del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que amenazó con intervenir Andalucía si no rectifica su plan de ajustes. Advertencia, además, que llega justo cuando una delegación de autoridades europeas se encuentra en Madrid estudiando los presupuestos y el déficit español.

Martínez Aguayo retó así a que la UE supervise «in situ» las cuentas, «que ni son opacas ni tienen un déficit oculto y están debidamente registradas y certificadas por la Intervención General de la Junta».

Además, sobre las correcciones que Beteta exige al plan de ajuste andaluz, la consejera precisó que tuvo que enviarlo por la insistencia del Gobierno antes de conocer los presupuestos del Estado y sus previsiones económicas. «Lógicamente» tendrán que presentar otro que tenga en cuenta esos números antes del 30 de este mes.

No se trata de ningún «ataque» a Andalucía, salió en defensa la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que dijo que lo único que ha hecho el secretario de Estado de Administraciones Públicas es pedir que las cuentas que se envíen sean claras. En una entrevista con Canal Sur, Crespo reseñó que todavía no se conoce el déficit de Andalucía y que los datos que la Junta está enviando son opacos, ya que hay «importantes empresas del ámbito de la sanidad» que están dando otras cifras y aseguran que la Junta «les debe mucho dinero».

Tras criticar que el Gobierno regional no haya mandado aún la lista de proveedores –tiene de plazo para hacerlo hasta mañana–, insistió en que las cuentas que envíe la Junta tienen que ser «más clarificadoras». «Las que se han mandado no son las que necesita el Estado, que tiene que estar muy vigilante sobre la situación de todas las comunidades», agregó.

Pero, de nuevo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a atacar y a plantear el oscurantismo de las cuentas andaluzas sacando como munición el dinero que, según sus datos, adeuda la Junta a los proveedores, cifra que sitúa en los 3.000 millones de euros.

En un momento en el que el país se ha vuelto a colocar en el epicentro de los ataques de los mercados, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, tachó de «grave irresponsabilidad» las críticas contra los presupuestos de Andalucía y mucho más diciendo «cosas falsas», lo que consideró una persecución y un castigo al no haber obtenido el resultado electoral que esperaba.

De vuelta al plano autonómico, el líder de la federación de izquierdas, Diego Valderas, aseveró que responderá «con rotundidad que no estamos dispuestos a intervenciones que pasen por encima de un Estatuto de Autonomía que vamos a defender con uñas y dientes».

Insistió en que, «ante las políticas agresivas del Gobierno central, defenderá a la comunidad autónoma» y criticó que «el PP quiere ganar, interviniendo Andalucía, lo que los andaluces les han negado en las urnas». Lanzó así a los populares un mensaje: «Tendrán que decidir entre respetar y defender a Andalucía y el mandato de las urnas o ser, exclusivamente, gobernadores civiles de Madrid».