María Jesús Montero

´Según los ajustes, el SAS tendría que echar a 7.000 interinos´

La consejera asegura que el Gobierno andaluz espera que no haya privatización, copago o retirada de prestaciones

 
María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta.
María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta. La Opinión

El Gobierno anunció la pasada semana en un nota oficial que prevía reformas que permitirían eliminar 10.000 millones del gasto de las comunidades La Junta marca las líneas rojas: ni copago ni privatizaciones ni retirada de prestaciones

ISABEL MORILLO La consejera de Salud en funciones, María Jesús Montero, no tiene noticias sobre el recorte adicional de 7.000 millones de euros que el Gobierno ha planteado para la sanidad. Mañana lunes se celebra una reunión preparatoria del Consejo Interterritorial y la Junta lamenta que vayan a conocer las propuestas in voce. Copago, privatizaciones o retirada de prestaciones son para Andalucía las líneas rojas.

¿7.000 millones menos para sanidad qué supone?
Por hacernos una idea y calibrar la importancia que tiene, casi equivale al presupuesto de sanidad que tiene Andalucía es su presupuesto de 2012: 9.300 millones de euros. Recortar esa cantidad supondría desmantelar toda la asistencia sanitaria de una comunidad del peso y la población de Andalucía.

¿Cómo se puede recortar esa cantidad a corto plazo?
A mí no se me ocurre. Le he dado muchas vueltas. Quizás sea una cifra a largo plazo, a tres o cuatro años. Si no es que van a plantear medidas de un calado que trascienden lo que es una política de ajuste. Sería eliminar servicios y no prestaciones anecdóticas o con poco impacto en la población, sino cierre de centros sanitarios enteros. Es prácticamente imposible sin alterar el modelo.

¿Cuánto le tocará a Andalucía recortar?
Si nos tocara una parte proporcional a nuestro impacto en población, aproximadamente un 18% (1.260 millones), una quinta parte.

¿Admitiría reformar la cartera de servicios básicos?
Existe una cartera de servicios básicos en el Sistema Nacional de Salud, un catálogo de prestaciones que están obligadas las comunidades a proporcionar. Se actualizó hace escasamente dos o tres años, incorporando un procedimiento para medir bien el impacto económico de las nuevas prestaciones. Hay que dejar claro que las diferencias entre comunidades es mínima. Cada comunidad no ha ido ofreciendo a lo largo del tiempo lo que le ha parecido. Eso no es verdad. Ésa no puede ser la justificación para modificar la cartera.

¿Comparte que hay prestaciones costosas y que no son básicas, por ejemplo el cambio de sexo? ¿Cuánto cuesta?
Al final es que quieren quitar de las prestaciones el cambio de sexo, la reproducción asistida, técnicas de esterilidad e interrupción voluntaria del embarazo. Toda una ofensiva ideológica. Las operaciones de cambio de sexo el año pasado del total de pacientes que se intervinieron el coste no llegó al millón de euros, siendo Andalucía unidad de referencia. Así no salen las cuentas para nada.

¿Es posible reducir personal en el SAS?
Cuando se trata de hacer un ajuste tan tremendo en un Presupuesto en el que el 45% es personal o hay alguna medida que afecte a la plantilla o es imposible . En el SAS no hay personas de brazos cruzados. En los últimos años todas las comunidades, independientemente del color político, han hecho un esfuerzo muy intenso por incrementar la productividad del personal sanitario y esto significa atender la misma oferta con menos personas o sin tener que sustituir como se hacía en épocas anteriores. Habrá que seguir explorando mejoras en el rendimiento del personal sanitario. Otra cosa distinta es que pretendan cerrar puntos de urgencias, centros de salud o cierre de camas y centros hospitalarios.

¿Temen el impacto de los recortes en términos de personal?
Calculamos que, según los ajustes que pide el Gobierno, tendrían que despedirse en el SAS a 7.000 interinos. Ojo, todo esto son extrapolaciones, sin ningún dato.

¿Qué alternativas pondrá Andalucía sobre la mesa?
Vamos a estar en actitud de cooperación y diálogo. Buscamos mecanismos que no atenten contra los pilares del modelo. Eso es para nosotros la línea roja: el copago, las privatizaciones, la retirada de prestaciones… Se pueden hacer ajustes en materia de factura farmacéutica. La factura farmacéutica representa en la sanidad española entre el 22 y 23% frente al 15% media de los países de la OCDE. Por ejemplo extender el mecanismo de la subasta de medicamentos al conjunto del país podría suponer un ahorro de más de mil millones de euros; si se consiguiera el gasto por receta que tiene Andalucía en el conjunto de España estaríamos entorno a los 1.200 millones de euros de ahorro. Se están financiando medicamentos más caros sin que tengan demostrada una utilidad superior al primero que había. Ahí puede haber una bolsa muy importante de dinero. Y queremos escuchar las propuestas sobre la aportación de los crónicos, cuyos medicamentos tienen un precio máximo. Creo que son 2,3 euros en el precio que se quedó en el año 1993. Se plantea la posibilidad de que se actualice el IPC desde 1993, lo que supondría costar 4 como máximo. Andalucía tiene el gasto por habitante más bajo de todo el Sistema nacional de Salud con 1164 euros por habitantes frente a mas de 1.200 de media en España. Si todo el país igualara el gasto por habitante al de Andalucía supondría un ahorro cercano a los 10.000 millones.

¿Admitiría que se paguen medicinas según la renta?
Quiero oír la propuesta. Por ejemplo, la Seguridad Social podría fijar unos tramos según la renta y el patrimonio para el pago de medicamentos de los pensionistas.

¿Qué margen tiene Andalucía para no cumplir o declararse insumisa ante, por ejemplo, un recorte en las prestaciones?
Esto es un debate trampa, mal planteado intencionadamente. Para que el Estado pudiera determinar qué prestaciones pueden o no prestar las comunidades tendría que reformar la Constitución. El Estado no puede condicionar a la comunidad porque la financiación no es finalista. Habría que reformar también el modelo de financiación. El Estado no puede intervenir en el gasto de la comunidad.

¿Y si todas las comunidades, menos Andalucía, aceptan los recortes?
No se puede utilizar la coartada de las comunidades. En el Consejo Interterritorial de Sanidad no existe el voto. Es un órgano de debate, pero no tiene capacidad ejecutiva o decisoria. Vamos dispuestos al diálogo. Pero si lo que plantea el Consejo Interterritorial es que se retiren de las prestaciones el cambio de sexo, la reproducción asistida… o todas las prestaciones que pueden tener componente ideológico nos vamos a oponer. Además para eso tendrían que derogar varias leyes que mantienen vigentes los derechos de los ciudadanos. ¿O es que van a derogar la ley de reproducción asistida? En este país los ciudadanos tienen derecho a que se financie el aborto. Andalucía no va a incumplir esas leyes. El verdadero peligro está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ahí se están introduciendo medidas muy sutiles, pero al final dicen que el gestor que incumpla el objetivo de déficit puede ir a la cárcel.

¿Cuánto recortarán de los 9.000 millones del presupuesto?
Todavía no podemos dar una cifra ni tenemos calculado el impacto de los Presupuestos Generales del Estado, pero sabemos que habrá menores ingresos y habrá que hacer ajustes. Hay que seguir trabajando en el capítulo farmacéutico, con la subasta de medicamentos habíamos previsto un ajuste de entre 40 y 200 millones de euros que tendríamos que revisar. También tenemos que ver en capítulo de personal las consecuencias de la aplicación de la ley de 37 horas y media. Hay otro capítulo muy importante que es el diálogo con los profesionales para ver cuáles son los márgenes de eficiencia. Sin contar con los profesionales cualquier medida será pan para hoy y hambre para mañana.

¿Por qué rechaza el copago y asegura que sale caro?
Lo hemos visto en otros países europeos. Al final, con todas estas medidas, a lo que se llega es a un doble aseguramiento por parte de las clases medias. No hablamos de los ricos, que van a la clínica privada que quieran. Hablamos de familias medias a las que se les priva de prestaciones como la fecundación asistida. Esto los aleja de la sanidad pública y buscan un seguro privado, hasta qué llegan a preguntarse por qué pagan impuestos para sostener la sanidad. Y ese desapego a la larga provoca una sanidad pública para pobres. Hay una ofensiva ideológica muy importante detrás de la eliminación de prestaciones públicas, que además no tienen un coste elevado. Es un error la idea de que hay prestaciones que son de lujo o son superfluas.

¿El castigo del Ministerio a los laboratorios que firmaron con la Junta la subasta de medicamentos es una declaración de guerra?
No es más que la constatación de que las presiones que nos trasladaron los laboratorios para que no firmaran el convenio y que denunciamos en su momento eran ciertas. El Ministerio ha cumplido su amenaza. Como siempre hace el Ministerio y el PP, se pone en evidencia que no persiguen un ahorro real, porque esta medida lo consigue, sino poner en marcha mecanismos que penalicen a la ciudadanía o que lleven retirar prestaciones o derechos con el único objetivo de desmantelar para privatizar. He oído a la ministra decir que ya que habían bajado los precios para Andalucía, que se bajaba para el resto y no es más que un argumento populista porque aquí hay un concurso que garantiza una venta en cantidad y en tiempo (dos años) y por eso, por la economía de escala se bajan los precios. Solo persigue penalizar a las empresas que no se plegaron a sus presiones.

¿Hay facturas en los cajones del SAS, son las cuentas falsas?
Solo se entienden este tipo de declaraciones dentro de la campaña de desprestigio a la marca Andalucía que ha emprendido el PP y que ha dejado grandes perlas del señor Montoro, la señora Mato o De Guindos. Lo que no entiendo es como este desprestigio continuo no tiene la contestación de los políticos del PP de Andalucía y no solo no combaten esta imagen sino que la propicia.

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