Los alcaldes podrán sentarse por ahora en el Parlamento andaluz

El TC admite el recurso del Gobierno y paraliza la ley que ve incompatibles ambos cargos

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Arenas posó con un centenar de alcaldes a las puertas del hemiciclo para expresar su rechazo a la ley de incompatibilidad de cargos.
Arenas posó con un centenar de alcaldes a las puertas del hemiciclo para expresar su rechazo a la ley de incompatibilidad de cargos.  EFE

M. URETA Los diez alcaldes andaluces –la mayoría, ocho, del PP– que fueron elegidos parlamentarios en las pasadas autonómicas podrán conservar de momento su escaño en la Cámara. El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite, dos días antes de que se constituya el Parlamento, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley andaluza que ve incompatible el cargo de diputado con el de regidor o presidente de diputación. La norma queda suspendida durante cinco meses. Si en ese tiempo el Constitucional no ha tomado una decisión firme al respecto, los alcaldes deberán elegir entre el Parlamento o su ciudad.

El PP-A pidió ayer a socialistas e IU que «den marcha atrás» y retiren el veto a los munícipes. El PSOE insistió en defender la «plena legalidad» de la medida.

El fallo provisional del Alto Tribunal da juego al PP, pero no por mucho tiempo. Los populares cuentan ya con que sus alcaldes tendrán que renunciar a uno de los dos puestos. Es poco probable que el Constitucional, que está colapsado de grandes temas pendientes, se pronuncie antes de cinco meses. El recurso del Gobierno central, que presentó en el primer Consejo de Ministros de diciembre como guiño al PP en la antesala de las elecciones andaluzas, era el plan B de Arenas. Su plan A consistía en derogar la ley que en noviembre sacó adelante el PSOE, con la abstención de IU, para vetar a los regidores en la Cámara. Pero Arenas no logró la mayoría absoluta que todas las encuestas auguraban y su estrategia fracasó.

El PP ha promovido una intensa campaña en contra de la norma que, entre otras cosas, establece la incompatibilidad de cargos alegando que el PSOE ha «expulsado» a los alcaldes del Parlamento.

Su estrategia le llevó a desafiar la legalidad al incluir a 17 regidores en las listas autonómicas y a colocar a cinco de ellos en el primer puesto. Ocho han sido elegidos parlamentarios: Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla; Esperanza Oña, Fuengirola (Málaga); Carlos Rojas, Motril (Granada); Pedro Rodríguez, Huelva; José Antonio Nieto, Córdoba; Dolores López, Valverde del Camino (Huelva); Manuel Andrés González, Lepe (Huelva), y José Cara, La Mojonera (Almería).

La incógnita es por qué cargo se deciden alcaldes como Oña, actual portavoz parlamentaria y que ha sido propuesta por su partido para presidir el Parlamento, o Carlos Rojas, cuyo nombre estaba en las quinielas para suceder a Arenas.

Junto a los alcaldes populares, otros dos regidores de IU también están en esta tesitura. El de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, que votó en contra de la ley, ya ha dejado claro que renunciaría a la alcaldía por seguir en el Hospital de las Cinco Llagas. El otro es Juan Serrano, que acaba dar un paso atrás en el gobierno de su pueblo, Canena (Jaén).

Ahora el Parlamento andaluz y la Junta tienen quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones. Antes de presentar el recurso, el Gobierno se aseguró de contar con el aval del Consejo de Estado, que elaboró un dictamen en el que reconoce que Andalucía sí tiene competencias para regular esta cuestión en su legislación electoral pero matiza que la norma «constituye una vulneración de los derechos constitucionales de las personas afectadas».

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