Antonio Fernández: ´El sistema era legal y lo sigue siendo´

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El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, en un receso hoy, viernes 20 de abril de 2012, en los juzgados de Sevilla donde declara ante la juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos detectados en la Junta de Andalucía, y al que ha definido como autor intelectual del "sistema operativo" y le ha imputado seis delitos.
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, en un receso hoy, viernes 20 de abril de 2012, en los juzgados de Sevilla donde declara ante la juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos detectados en la Junta de Andalucía, y al que ha definido como autor intelectual del "sistema operativo" y le ha imputado seis delitos.  EFE/Juan Ferreras

EFE El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy que el sistema de ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya "era y es legal" y ha negado los seis delitos por los que ha sido imputado, entre ellos autorizar un ERE para sí mismo y permitir un "uso abusivo y descuidado del dinero público".

La juez de instrucción 6 de Sevilla ha imputado a Fernández cuatro delitos continuados -negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación- y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento.

Alaya ha señalado a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para canalizar las ayudas y ha afirmado que todas las concedidas son "nulas de pleno derecho" por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, al carecer de cobertura presupuestaria.

Entre otros hechos, le ha acusado de autorizar un ERE en las bodegas González Byass, donde Fernández trabajó, "para beneficiarse a sí mismo", de "demostrar una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia" y de ser "corresponsable del uso abusivo y descuidado del dinero público", han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Fernández permitió una entrega de ayudas que "favorecieron claramente" a su ciudad natal de Jerez de la Frontera (Cádiz) frente a otras, según la juez.

Alaya ha sugerido que Fernández renunció a una ayuda de 400.000 euros en la bodega González Byass al conocer que ya estaba en marcha este procedimiento judicial, en el que está imputado junto a otros ex altos cargos de la consejería andaluza de Empleo y medio centenar de "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas acogidas a un ERE.

Según la imputación, Fernández fue el "autor intelectual" de lo que la juez ha denominado "sistema operativo" de las ayudas investigadas, que se repartían de forma arbitraria y sin control, y ni siquiera se crearon las obligadas comisiones de seguimiento.

En concreto, según los abogados personados, la magistrada ha afirmado que las ayudas se daban a empresas relacionadas con la Junta o con el PSOE andaluz y ha citado los casos de hijos del exconsejero José Antonio Viera y del dirigente socialista José Caballos, que fueron contratados en empresas de la Sierra Norte de Sevilla destinatarias de las ayudas.

Ha afirmado que Fernández tuvo que ser "conocedor" o al menos "consentía por desidia" las ayudas irregulares, con independencia de que se destinaran a comprar cocaína -como presuntamente hacía el exdirector general Francisco Javier Guerrero-, a "lucro personal" o a otros "usos ilícitos".

Además, ha dicho que Fernández vulneró la Ley de Incompatibilidades al ser diputado andaluz y presidente del consejo regulador del Jerez.

En el interrogatorio tras la lectura de las imputaciones, el exconsejero ha afirmado que el sistema de ayudas "era legal y lo sigue siendo" y ha defendido su eficacia al ser más operativo para ayudar a trabajadores y empresas.

El sistema de transferencias de financiación, implantado en 2001 cuando Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), no tenía por objeto evitar la fiscalización de los órganos de control, sino que permitía una "mayor globalidad a los objetivos del consejo de gobierno para ayudar a trabajadores, empresas en crisis y a zonas de Andalucía", ha dicho.

Según Fernández, todo el consejo de gobierno de la Junta conocía el sistema "porque no había nada ilegal" y el mismo mes en que se firmó el convenio-marco ya se acordó una primera transferencia de 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros).

Ha declarado que se enteró por el entonces viceconsejero Agustín Barberá -también imputado- de los reparos que la Intervención General de la Junta puso en el año 2005 a este sistema de ayudas, y pese a ello "consideraron que seguía siendo viable", según Fernández, quien ha precisado que, de haber conocido nuevos informes en contra, "lo habría seguido aplicando".

También ha declarado que no se pidió ningún asesoramiento al Gabinete Jurídico de la Junta para implantar el sistema.

Antonio Fernández comenzó a las once de la mañana su comparecencia ante la juez y, tras un receso para comer, esta tarde continúa su declaración, que posiblemente terminará mañana sábado.

Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, es el segundo alto cargo que comparece ante la juez Mercedes Alaya, aunque también está citado el 26 de julio el exdelegado de su Consejería en Sevilla Antonio Rivas y han sido imputados el exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Agustín Barberá; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular en funciones, Daniel Alberto Rivera.

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