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El exconsejero de Empleo defiende el fondo ERE tras imputarle Alaya seis delitos

El extitular de Empleo asegura que Chaves, Griñán y el Consejo de Gobierno conocían la operativa del convenio

 03:30  
El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ayer a la llegada de a los juzgados.
El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ayer a la llegada de a los juzgados.  EFE

Alaya también le imputa por su inclusión en el ERE de las Bodegas González Byass, cuando su relación laboral estaba extinguida.

ROCÍO VELIS El sistema de ayudas públicas creado por la Consejería de Empleo era «legal». Así lo defendió ayer el exconsejero Antonio Fernández ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, durante una maratoniana jornada de declaración y después de que ésta le imputara seis delitos por su supuesta participación en las irregularidades. Cohecho, falsedad en documento mercantil y, con carácter continuado, los delitos de fraude de subvenciones, negociación prohibida para funcionario (tráfico de influencia), malversación y prevaricación.

Según Fernández, «veía legal y lo sigo viendo legal» el convenio marco que él mismo firmó en 2001, siendo viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, en el que se basaron las ayudas ahora investigadas. Un convenio que la jueza calificó como «sistema operativo» y le señaló como uno de los autores del mismo. El exconsejero defendió su legalidad, porque, entre otras cosas, era conocido por el Consejo de Gobierno. Luego, a preguntas de la jueza, aseguraría que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán «conocían la operativa» del convenio.

Alaya también le cuestionó si Griñán asesoró en la elaboración del convenio debido a los conocimientos que pudo adquirir tras haber sido ministro de Trabajo con Felipe González, lo que fue negado por Fernández.

De hecho, pese a reconocer que había y hay «un vacío reglamentario» para desarrollarlo, aseguró que si hubiera conocido que por parte del Intervención General de la Junta existían reparos con respecto a este convenio, «lo hubiera seguido defendiendo» porque estaba convencido de su legalidad. Es más, recalcó que el convenio no se ideó para eludir controles, sino para buscar un «sistema más operativo para ayudar a empresas en crisis y a territorios andaluces». Eso sí, reconoció que para su elaboración no se contó con el asesoramiento del gabinete jurídico de la Junta.

El exresponsable de Empleo también admitió que existía y existió tras su mandato un «vacio normativo» en el desarrollo del convenio marco. En este sentido, la jueza le preguntó si existía algún tipo de requisitos para las subvenciones públicas, a lo que le contestó que para las ayudas a empresas eran «la solicitud, nombre y apellidos y zona»; mientras que para las ayudas socio-laborales (los ERE) eran «nombre y apellidos, territorio para conocer si era una zona afectada por el paro y tener 55 años». Alaya le interrumpió para preguntarle cómo entonces la mayoría de los acogidos a los ERE tenían 52 años, a lo que contestó que «eso lo desconocía».

Sobre la falta de publicidad de las ayudas, Fernández reconoció que las ayudas eran «discrecionales, pero no arbitrarias». No obstante, aseguró que tanto los empresarios como los sindicatos las conocían por «los acuerdos de concertación social y por la Ley de Presupuesto», lo que generó la pregunta irónica de la magistrada de «si cree que los empresarios se leen la Ley de Presupuesto».

«No eran conocidas por todo el mundo, pero sí por los sindicatos», dijo, defendiendo que las ayudas socio-laborales iban destinadas a trabajadores y que por eso era suficiente con que las conocieran las organizaciones sindicales.

La magistrada le cuestionó también sobre si era él quien controlaba a la Dirección General de Trabajo, al frente de la cual estaba Francisco Javier Guerrero, en su etapa como viceconsejero, extremo que negó Fernández que se limitó a admitir una mera «supervisión de buen funcionamiento».

En cuanto a las ayudas, dijo que las preparaba la Dirección General y que el consejero y viceconsejero «sólo discutían la importantes». De hecho, sobre las subvenciones otorgadas a empresas de Jerez de la Frontera, sólo admitió que dio las directrices de unas cuantas, al resto de empresas «las derivé a Guerrero».

Fuera del PSOE. Fernández también le aclaró a la juez que ya no tiene vinculación con el PSOE, pues desde hace tres meses no paga las cuotas del partido y eso es, según los estatutos del mismo, motivo para que ya no sea considerado afiliado.

Según la jueza, que ayer dejó ver de nuevo en su interrogatorio que va buscando la posible implicación de Griñán, Antonio Fernández conocía de «forma directa» o por «desidia» la concesión de ayudas irregulares. Así, le señaló su responsabilidad en las subvenciones concedidas a empresas de la Sierra Norte y de Jerez de la Frontera, su localidad natal. Alaya también le imputa por su inclusión en el ERE de las Bodegas González Byass, cuando su relación laboral estaba extinguida. Según dijo, su renuncia a la póliza fue porque el proceso judicial ya estaba abierto. La declaración continuará hoy.

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