El conflicto educativo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Junta ha estallado del todo. El Ejecutivo central ha recurrido in extremis, a dos días de que expirara el plazo, las oposiciones andaluzas a profesor, una decisión controvertida que frustra los planes de los más de 33.000 estudiantes que en junio tenían previsto examinarse para optar a una de las 2.389 plazas de Secundaria y FP.

La impugnación paraliza automáticamente la convocatoria andaluza. Este varapalo a Andalucía se suma a los recortes ya anunciados por el Ministerio de Educación. La Junta se enteró por los medios de comunicación y lamentó la «deslealtad institucional» y el «grave perjuicio» a Andalucía. El consejero del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, advirtió horas antes de que el aumento de horas lectivas y de la ratio de alumnos obligará a despedir a 4.800 interinos.

La sombra de la impugnación planea desde hace tiempo, concretamente desde que Andalucía decidió en septiembre de 2011 convocar oposiciones. El Gobierno recurre porque, a su juicio, la Junta se ha saltado las restricciones presupuestarias. El quid del conflicto es la tasa de reposición de maestros. Cuando el Gobierno andaluz aprobó su oferta de empleo público el 27 de diciembre esa tasa estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado en el 30%. Pero tres días después, el Gobierno central rebajó por un real decreto esa tasa un 10%, es decir, solo se podrían cubrir una de cada diez jubilaciones. La Junta siempre se ha agarrado a que presentó su convocatoria antes de este cambio. El anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero casi llevó a los tribunales la oferta de empleo andaluza, pero al final el Gobierno amigo aceptó que la mayor parte de las plazas se convocaran como consolidación de empleo interino y no como tasa de reposición. La Junta repitió esa estrategia. De hecho, la consejería se mostraba optimista y cifraba en 300 plazas el recorte que creía que debería acometer por el conflicto de la tasa de reposición.

Hasta ayer por la mañana, el consejero pensaba que, al no tener noticias sobre el recurso, el Ministerio de Hacienda no lo consumaría. El Gobierno central entiende que las oposiciones andaluzas «contravienen» las limitaciones presupuestarias y que la orden de la Junta «adolece de inconstitucionalidad». Es la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, cuyo informe ha avalado la decisión de acudir a los tribunales. Las dos administraciones llevan meses a la gresca. El momento de mayor tensión se produjo cuando el Ejecutivo decidió unilateralmente cambiar los temarios de los opositores y restauró los de 1993, una maniobra que la Junta entendió como una medida de presión para que desistiera de convocar las plazas de maestro.

El recurso se suma a los duros recortes anunciados el lunes por el Ministerio de Educación en la conferencia sectorial con las comunidades. Álvarez de la Chica aseguró que «se va a producir algo que cualquier sistema educativo del mundo evita: mejorar despidiendo profesores». Sobre la obligatoriedad o no de aplicar las medidas que presentó el ministro José Ignacio Wert, la referencia del Consejo de Ministros de ayer aclara que no son obligatorias, sino de carácter dispositivo, es decir, que cada comunidad podrá modular la aplicación de estas medidas dependiendo su situación financiera. Andalucía tiene que decidir ahora si lo aplica o no, si lo hace de forma genérica o lo deja en manos de las delegaciones provinciales. Como la escolarización está en marcha, la ratio de alumnos por clase lo tienen que decidir de forma inminente.

Otra cosa es el concurso de traslados. Hace dos semanas salió la resolución que asigna plaza a 35.000 profesores para el curso que viene, pero ese reparto queda ahora bloqueado, porque en cuanto se aplique el aumento de la jornada lectiva, sobrarán plazas de todos los centros.