Juicio por los ERE irregulares

Alaya insta a Fernández a asumir su ´responsabilidad como consejero´

El extitular de Empleo defiende que creó las pólizas con Viera para ayudar a los parados de larga duración

 03:30  
Fernández (derecha) llega a los juzgados de Sevilla a declarar junto a su abogado.
Fernández (derecha) llega a los juzgados de Sevilla a declarar junto a su abogado.  EFE
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«Parece que está usted deshojando la margarita»,le reprochó la jueza durante el interrogatorio al exconsejero.

ROCÍO VELIS El exconsejero de Empleo Antonio Fernández intentó desmontar ayer el concepto «intruso» –trabajadores incluidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE)– y defendió las ayudas individuales a empleados ante la jueza Mercedes Alaya, que llevó a cabo un interrogatorio más que tenso. La magistrada llegó a decirle que «asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero». Pero Fernández insistió en defender la legalidad del sistema para otorgar subvenciones, que él mismo ideó junto al entonces consejero de Empleo José Antonio Viera. Ambos crearon el concepto de ayuda sociolaboral para «trabajadores que llevaban mucho tiempo sin trabajar».

Fernández, que ayer sumó dos días seguidos declarando como imputado, se enfrascó en más de una discusión técnica con la jueza sobre el procedimiento para otorgar las ayudas públicas, lo que hizo que ésta le recriminara varias veces su actitud, reprochándole cómo puede defender el sistema. El exconsejero le respondió: «Pues se lo digo, se lo afirmo y se lo repito». «Parece que esté deshojando la margarita», le reprochó Alaya.

El que fuera responsable de Empleo aseguró que no existía ningún informe jurídico que cuestionara el sistema de ayudas. El viernes, de hecho, ya explicó a la jueza que cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un escrito en el que mostraba reparos al sistema, la consejería respondió con una serie de alegaciones, que nunca fueron contestadas por Intervención.

Así, admitió que el concepto de ayuda sociolaboral fue idea suya y de Viera, pues ambos firmaron el convenio con el IFA sobre el que se basaron todas las ayudas, y que ese concepto «comprendía pólizas individuales a personas que llevaban mucho tiempo sin trabajar». Muchas de estas personas son las que aparecieron como intrusas en los ERE. Fernández también reconoció que la mayoría de los beneficiados eran personas cercanas a la administración y al PSOE, pero recordó que los sindicatos conocían estas ayudas.

Además, el ex alto cargo insistió en que no existía un protocolo escrito para dar las ayudas, sino que los criterios eran verbales teniendo en cuenta las zonas deprimidas, con altas tasas de paro y la dificultad de reinserción laboral de la persona a la que iba destinada la ayuda. También negó que él diera alguna orden de pago a las entidades mediadoras en los ERE, y que eran las empresas las que la buscaban. Es más, dijo que desconocía las altas cantidades que cobraron las mediadoras y que, de haberlo sabido, no le habría parecido razonable.

Chaves y Griñán. Alaya también le estuvo preguntando sobre la relación que mantenía con el expresidente de la Junta Manuel Chaves y con su sucesor, José Antonio Griñán, a lo que Fernández respondió que «era cordial, pero no de amistad». Asimismo, le preguntó por su relación con el exsindicalista y mediador en los ERE Juan Lanzas, sobre el que dijo que sabe que era sindicalista, pero no mantenía ninguna relación con él. En respuesta a otra pregunta, Fernández dijo que la Consejería de Empleo era «la segunda casa de los sindicalistas» porque acudían a pedir ayudas y soluciones a conflictos.

En cuanto a las ayudas otorgadas a las empresas de la Sierra Norte, Alaya le interrogó sobre si conocía la «concentración de ayudas» que se otorgaron a entidades de los empresarios Rafael Rosendo, hijo del exalcalde El Pedroso (Sevilla), y José María Sayago, a lo que contestó que la conocía él, «el Consejo de Gobierno, el presidente, el Parlamento, los grupos políticos y todo aquel que se leyera la Ley de Presupuestos». En concreto, este grupo recibió 29 millones de euros para organizaciones sin actividad y que Alaya denominó «empresas pantallas».

Según Fernández, estas ayudas eran «un tema» de Viera y cuando él le relevó en el cargo dio orden al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero que se siguiera con este «programa», pese a que no había nada escrito. Sólo cuatro o cinco de estas ayudas se paralizaron tras advertir Juan Márquez, el sustituto de Guerrero, «que iban destinadas a empresas vacías».

Alaya también le preguntó por la Faja Pirítica de Huelva, si podía explicarle por qué se le otorgó a una empresa minera, La Herrería, que cerró una ayuda de 16 años, en 2004. Fernández dijo que lo desconocía, pero cree que si se hizo fue porque cumplían los requisitos. Alaya le consultó también si conocía que la empresa Rumbo 5 (participada por Amparo Rubiales, Javier Pérez Royo y el hijo de Chaves) tenía interés en unos suelos de Río Tinto para construir una urbanización y si por eso se llevó a cabo el ERE de una de las minas, extremo que dijo desconocer.

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