El ingreso en prisión esta madrugada del exconsejero socialista de Empleo andaluz Antonio Fernández, por el asunto de los presuntos ERE fraudulentos, le convierte en el séptimo cargo de este rango que va a la cárcel, donde ya han estado dos presidentes autonómicos, en las últimas décadas.
Todos los exconsejeros habían cesado en sus cargos cuando se produjo la orden judicial y cuatro de ellos lo hicieron para cumplir condena, y el resto, de manera preventiva.
En mayo de 1996, el exconsejero del Gobierno catalán Jordi Planasdemunt (CiU) fue condenado a siete años por la estafa del caso de los pagarés falsos distribuidos por la empresa BFP e ingresó en prisión por orden de la Audiencia de Barcelona.
En septiembre de 1998, el exconsejero navarro de Obras Públicas Antonio Aragón (PSOE) fue condenado por el delito de cohecho a siete años de prisión por la Audiencia Provincial, pena que el Tribunal Supremo en 2001 rebajó a 3,8 años.
La investigación se centró en el presunto pago entre los años 1989 y 1990 de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) por parte de la multinacional Bosch Siemens a exdirigentes socialistas por la venta de la factoría Safel, dinero que fue descubierto en varias cuentas bancarias en Suiza.
En noviembre de 2002, el exconsejero de Economía de Melilla Francisco Suárez, afiliado al PP cuando ocurrieron los hechos, ingresó en prisión dentro de la Operación Ave, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, aunque meses más tarde, en enero de 2003 fue absuelto.
En julio de 2008 el exconseller valenciano y exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena (PP), fue encarcelado tras ser condenado a cuatro años por la Audiencia de Alicante, por delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Dos años después, el exdiputado autonómico de Unió Mallorquina (UM) y exconseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, entró en la prisión de Palma para cumplir tres años de cárcel, tras la condena por corrupción dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el "caso Son Oms".
En enero de 2011, el exconsejero de Educación y Ciencia de Asturias José Luis Iglesias Riopedre (FSA-PSOE) permaneció durante un mes en prisión, acusado de delitos de corrupción por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aunque un mes después fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros y con la obligación de presentarse ante el juez dos veces al mes.
En el caso del exconsejero andaluz de hoy, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que la Junta reclamó la comparecencia semanal en el juzgado.
La petición de la Fiscalía incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias.
El fiscal basó su petición en la posible obstrucción de las fuentes de prueba, como por ejemplo testigos, en el riesgo de fuga y en la gravedad de los delitos, ya que sólo el de malversación continuada tendría una pena de 16 años.
Hasta la fecha y dentro de la Administración autonómica también habían ingresado en prisión dos presidentes socialistas: el de Navarra, Gabriel Urralburu, y el de Aragón, José Marco.
Urralburu fue sentenciado en 1998 a once años de prisión y nueve de inhabilitación de cargo público y una multa de 780 millones de pesetas (4.700.000 euros) por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda foral, aunque el Tribunal Supremo le redujo los años de cárcel a cuatro.
José Marco fue condenado en 1995 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a trece meses de cárcel y seis años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público.
En 1999 fue también condenado en el caso de espionaje a políticos por la Audiencia de Zaragoza a nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación y a seis meses y un día de prisión por falsedad en documentos públicos, penas por las que, según el nuevo Código Penal, no tuvo que ingresar en la cárcel.
Eludió la prisión tras un acuerdo con las acusaciones y devolver 14,5 millones de pesetas (87.146 euros).
