"Es un caso del pasado que no afecta al futuro Gobierno"

Antonio Fernández trabajó en la Consejería de Empleo 15 años, como alto cargo, viceconsejero y como consejero durante seis años, los dos últimos en la legislatura que acaba de concluir. «Ha realizado un trabajo intenso y positivo durante muchos años en la solución de importantes conflictos laborales. Nos causa pesadumbre que haya ingresado en prisión, porque no lo considerábamos necesario», dijo ayer la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno.

La Junta, acusación particular en el caso ERE, cree excesivas las medidas cautelares que dictó la jueza Alaya. Sus abogados descartan que Fernández tuviera responsabilidad penal. «Hubiera sido suficiente con una fianza por hipotética responsabilidad civil y comparecencias periódicas en el juzgado», advirtió Moreno.

A punto estuvo de costarle el poder al PSOE, que ha salido a flote tras las autonómicas agarrándose al mástil de IU. Con el último Consejo de Gobierno, Moreno quiso poner punto final a la convulsa octava legislatura y empezó a hablar de «un nuevo periodo que se abre». Se le preguntó si temía que la implicación de Fernández diera paso a una cascada de condenas (viceconsejeros, altos cargos de Empleo y de Innovación, a los que apunta Alaya en sus autos), o incluso al expresidente Manuel Chaves y a Griñán. Moreno respondió que la Junta nunca vio este asunto «con temor, sino con valentía». El fraude de los ERE, dijo, «es un caso del pasado que en modo alguno afecta a este Gobierno saliente y menos al futuro Gobierno».

Arenas reaparece con críticas. Pero nada apunta a que el grado de crispación vaya a decaer. Todo lo contrario. El presidente del PP-A, Javier Arenas, abandonó ayer la retaguardia, donde lleva parapetado desde el 25-M, y reapareció con el tono combativo de costumbre: «El ingreso en prisión de Fernández sitúa el mayor escándalo de la historia autonómica andaluza y española en la antesala de los presidentes de la Junta», dijo.

Arenas insistió en que con esta entrada en prisión se ha demostrado que «era una gran farsa decirnos que el asunto empezaba y terminaba en un director general». En este contexto, el dirigente del PP subrayó que nadie puede entender que se les hayan «negado hasta diez comisiones de investigación» en el Parlamento andaluz, tratándose del «mayor escándalo de nuestra historia de las autonomías».

También la dirección de IU tuvo que digerir las imágenes del exconsejero socialista en el furgón de la Guardia Civil, horas antes de que sus militantes acudieran al referéndum a votar si apoyan o no formar gobierno con el PSOE. El líder regional, Diego Valderas, se limitó a decir «que la justicia sigue su camino inexorable y en el marco de ese camino tiene que llegar hasta el final, caiga quien caiga». El diputado díscolo, Juan Manuel Sánchez Gordillo, encontró otra razón para criticar el pacto: «IU no puede pactar con un gobierno corrupto con un exconsejero en la cárcel».

La dirección del PSOE-A calificó la decisión de la jueza de «desproporcionada», pero fue mucho más explícito el manifiesto que firmaron medio centenar de cargos orgánicos del partido en Cádiz, calificando a Fernández como un «represaliado político».

Entre los firmantes figuran el exconsejero Luis Pizarro, el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, la alcaldesa de La Línea, Gema Araújo, el de Barbate, Rafael Quirós, la diputada en el Congreso Mamen Sánchez, y el presidente del PSOE gaditano, Rafael España. UGT fue más allá. Su secretario general, Manuel Pastrana, dijo que la prisión de Fernández es «absolutamente radical», y llamó «opereta» a la instrucción.