Juicio de los ERE

Fernández es encarcelado por el fraude de 477 millones en ayudas

La jueza Alaya señala al exconsejero de Empleo y a sus "superiores" como los autores de un sistema para evitar los controles de la Junta

 09:36  
El exconsejero entró en el furgón de la Guardia Civil ayer por la mañana, que le llevó a la prisión de Morón, en Sevilla.
El exconsejero entró en el furgón de la Guardia Civil ayer por la mañana, que le llevó a la prisión de Morón, en Sevilla. EFE
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ROCÍO VELIS Las conclusiones a las que llega la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo irregulares (ERE), en el auto en el que ordena el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández son demoledoras. No sólo para el propio Fernández, sino para los que fueron sus «superiores», entre ellos, el actual diputado en el Congreso José Antonio Viera, cuyo nombre aparece expresamente en varias ocasiones. La jueza cree que ellos fueron los autores de un «sistema operativo» que permitió eludir los «severos controles» para otorgar 1.131 ayudas supuestamente fraudulentas por valor de más de 477 millones de euros.

Alaya decidió enviar a prisión al exconsejero al filo de las siete de la mañana de ayer, tras seis horas redactando el auto, por la gravedad de los hechos y las penas que conllevan (sólo por el delito de malversación son 18 años). Esto hace que exista «riesgo de fuga» porque «pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral», las imputaciones podrían «generar temor a una condena» y fugarse con sus familiares. La magistrada también pretende evitar que «pueda entorpecer la instrucción de la causa», al poder ejercer «una notable influencia» en los testigos.

Fernández defendió durante cuatro jornadas de interrogatorio, con más de 500 preguntas, la legalidad del convenio marco firmado en 2001 por él, como presidente del IFA, y por Viera como consejero de Empleo, negando conocer las irregularidades que pudo cometer el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también encarcelado por esta causa. Sin embargo, Alaya cree que con este acuerdo él, «sus superiores y asesores externos» buscaban «eludir ilícitamente los importantes controles» de la Intervención de la Junta de Andalucía. «Permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos», pues al no existir controles sobre las ayudas «podían regalarse las mismas fraudulentamente» a personas «cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz».

Así, asegura que durante el mandato de Fernández (2000-2010) se concedieron «837 ayudas sociolaborales que ascendieron a 395.463.137,70 euros, y 294 ayudas directas a empresas por importe de 82.148.802,78 euros», otorgadas en su mayoría por Guerrero y el resto por su sucesor, Juan Márquez.

«Total despreocupación». Según Alaya, Fernández «permitió, en connivencia con otros, las numerosas consecuencias de tal ilícito proceder», recordando que no hubo el «menor control» sobre las solicitudes para acceder a las ayudas, pues «en la gran mayoría de los casos éstas ni siquiera existían». Tampoco se comprobó «las previas condiciones de los solicitantes» ni «el destino de las ayudas».

Para la magistrada, esta «total despreocupación se ha traducido en que una buena parte de estas subvenciones encubiertas se hayan utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores». Y es que tanto en el mandato de Fernández como en el de Viera muchas de las ayudas no fueron aprobadas ni por el Consejo Rector de este organismo ni por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, incide en la concentración de ayudas en ciertas zonas de Andalucía «por la sola razón de que las mismas, sus titulares o socios, pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz». En este capítulo, hace alusión a las empresas de la Sierra Norte y en especial a las empresas del hijo de Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso «y amigo personal del Consejero de Empleo José Antonio Viera».

El grupo Rosendo-Sayago llegó a recibir más de 29 millones de euros para entidades que en su mayoría eran «empresas pantallas», a las que se destinaron 12 millones de euros. También recuerda su responsabilidad en los nueve millones de euros que recibieron las empresas del hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

«Abuso del cargo». Para la jueza, el hecho de que no existiera publicidad para estas ayudas permitió a Fernández, «abusando de su cargo», beneficiar a determinadas personas próximas al entorno del PSOE-A, que recibieron pólizas sin que tuvieran derecho a ello o se les incluyó en un ERE de una empresa pese a no haber trabajado en ella. Unas ayudas «absolutamente groseras», que no se hubieran producido de «no haber existido ese absoluto descontrol» por parte del exconsejero. Una «dejadez de funciones» que generó el «enriquecimiento injustificado para unos y el empobrecimiento para las arcas andaluzas».

En cuanto al ERE de González Byass, empresa en la que trabajó Fernández y en cuyo expediente aparece, Alaya considera que fue él quien «ordenó sin que mediara la menor solicitud» una ayuda de 17 millones de euros. Además, considera que su inclusión en el ERE no es legal y recuerda que también otorgó otras 16 ayudas a empresas de Jerez de la Frontera, su ciudad natal. En el auto, Alaya determina que va a investigar a los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Junta por si «hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos», ya que Fernández dijo que nunca fue alertado por estos de la ilegalidad del convenio marco.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, anunció ayer que recurrirá lo que denominó un «atentado al Estado de Derecho». Por otra parte, Fernández puso ayer su cargo a disposición del Consejo Regulador de Vinos de Jerez. La Consejería de Agricultura instó a este órgano a que proceda a su cese.

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