El diputado del PSOE en el Parlamento andaluz por Cádiz y exconsejero andaluz de Gobernación, Luis Pizarro, criticó ayer con dureza la intervención del abogado de la Junta de Andalucía durante el interrogatorio de la jueza Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta. Alaya dedicó 36 horas para interrogar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que terminó ingresando en prisión tras cuatro días de maratoniana declaración ante la magistrada.

En declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, Pizarro no ocultó que no le ha «gustado la intervención del abogado representante de la Junta -Ignacio Carrasco López- en relación con las conclusiones que ha presentado, en las que no ha defendido unas políticas que han resuelto muchos problemas con el empleo en Andalucía».

El Gobierno andaluz está personado como acusación particular en la causa del fraude de los ERE. En la imputación de Fernández, los abogados de la Junta jugaron el papel menos incisivo de todos: fueron los únicos que no pidieron cárcel para el exconsejero por considerarlo excesivo, y se limitaron a pedir una fianza por «posibles responsabilidades civiles, no penales», y su «comparecencia periódica en los juzgados».

El que fuera número dos del PSOE-A durante la etapa de Manuel Chaves en la secretaría general del partido elevó ayer el tono de crítica contra el posicionamiento que ha adoptado la Junta en el caso ERE. Pizarro encabeza la lista de firmantes de un manifiesto de cargos orgánicos del PSOE de Cádiz que se solidariza con el exconsejero de Empleo tras su ingreso en prisión. Este manifiesto califica a Fernández como un «represaliado político» en el marco de «un proceso orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista [Manos Limpias] para tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán».

Por su parte, el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, respondió a Pizarro, también en declaraciones a la cadena Ser, que la representación legal de la Junta en el caso ERE ha actuado en todo momento guiada por «criterios técnicos» y en ningún caso por «argumentos políticos». Menacho sustituyó en el cargo a Pizarro después de que éste dimitiera por enfrentarse al criterio de José Antonio Griñán.

Comparecencia. A raíz del ingreso en prisión de Fernández, el PP anunció ayer que pedirá a Griñán que comparezca de manera «inmediata» para dar explicaciones del caso ERE. «Le exigimos que dé la cara y explique por qué uno de sus consejeros, que ha tramitado acciones de gobierno, está en prisión», dijo el portavoz parlamentario Carlos Rojas. Será la primera oportunidad para ver si IU apoya la comparecencia de Griñán sobre el caso ERE.