El Gobierno amenaza a la Junta tras aparcarse el plan de recortes

I. Morillo El Gobierno central dio ayer un severo toque de atención a Andalucía después de que la Junta anunciara que aparcará la aprobación de su plan de recortes para negociar con los sindicatos. No verá la luz hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, aproximadamente el 15 de junio.

El número dos del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, aseguró que esa decisión ha ocasionado una «honda preocupación» y advirtió duramente de las consecuencias de que se incumplan los recortes que el Ejecutivo de José Antonio Griñán ya puso sobre la mesa en Madrid hace dos semanas y que suponen disminuir en más de 2.700 millones el Presupuesto andaluz de este ejercicio (32.020 millones de euros).

Beteta mantiene una tensa relación con el Gobierno andaluz y el Parlamento pidió su dimisión tras conocerse que se maquillaron las cuentas de Madrid, donde fue consejero de Economía.

Ayer el número dos del Ministerio amenazó con «descontar» la participación de Andalucía en los fondos estatales reservados para el plan especial de pago a proveedores. Es un requisito indispensable para las administraciones que quieran acogerse a esta medida excepcional, que permitirá abonar facturas a proveedores, cumplir con los recortes y ajustar su déficit público. Andalucía confía en liquidar 750.000 facturas, por un total de 2.700 millones de euros.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, achacó la advertencia de Beteta a que «está acostumbrado a imponer, no a dialogar». A su juicio, «cualquier decisión es mejor que sea comentada, dialogada y acordada al máximo, y no que sea impuesta». Desde el PSOE-A insistieron en que el diálogo es otra seña que diferencia al Gobierno andaluz frente al central.

Cumplir de forma voluntaria. El número dos de Hacienda confirmó que se han dirigido a la Junta para pedirles que garanticen «el cumplimiento del plan que voluntariamente presentó el Gobierno andaluz en los términos del plan de ajustes», informó Europa Press. «Quiero ver y analizar todos y cada uno de los contenidos de dicho plan y el nivel de cumplimiento de la Junta del mismo con el objetivo de poder aprobárselo, que sería mi interés, pero cumpliéndolo», advirtió Beteta.

De mantenerse la «parálisis» en los recortes, alertó, se descontará la participación de Andalucía en los fondos estatales del plan de proveedores. El Gobierno será «inflexible», avisó.

Las comunidades presentaron sus recortes al Gobierno hace dos semanas. El plan andaluz estuvo en la cuerda floja y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, fue abroncada por el ministro Cristóbal Montoro. El Gobierno mostró su desconfianza por algunos de los ingresos contemplados, en concreto por una partida de fondos europeos que se refería a unos 500 millones de euros. Andalucía se comprometió a un esfuerzo adicional de 220 millones y logró el aprobado.

Días después, el presidente José Antonio Griñán compareció para avalar los recortes y garantizó su cumplimiento, sin renunciar a presentar una batería de demandas al Gobierno central. Fue el pasado viernes cuando IU, socio del PSOE en la Junta, anunció un aplazamiento. En concreto el vicepresidente, Diego Valderas, coordinador regional de IU, salió a hacer el anuncio en la sede de su partido y se arrogó que el Gobierno hubiera echado el freno para negociar con los sindicatos.

Fue un gesto político de un partido que buscaba oxígeno, asediado por sus propios dirigentes y por los sindicatos, tras haber apoyado el plan de ajustes. Aprobar esos recortes ha sido la prueba de fuego del Ejecutivo andaluz y sería absurdo negar que ha sido complicado y han surgido roces.

Nóminas del sector público. La Junta ha optado por hacer descansar el grueso de su plan de choque contra el déficit en las nóminas de los empleados públicos. De ese capítulo salen 777 millones de euros. Los funcionarios perderán la mayoría de sus pluses (con especial incidencia en la sanidad) y verán notablemente disminuidas sus pagas extras de junio y diciembre. Los interinos tendrán que reducir su jornada y su salario un 15%.

Una medida que la Junta defiende como la única manera de cumplir con el incremento de la jornada laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy (de 35 a 37,5 horas semanales) sin destruir empleo público. El Ejecutivo andaluz insiste en que así salvan 23.500 puestos interinos. IU exige que se sigan eliminando privilegios para los altos cargos y que no se toque la nómina a los mileuristas.