Los recortes en el dinero para los parados que Andalucía recibirá del Estado ha abierto un nuevo frente político. Mientras la Junta acusa al Gobierno de «discriminar» a la comunidad, el PP-A denunció que el Ejecutivo andaluz ha dejado sin ejecutar 1.052 millones en políticas activas de empleo en 2010 y 2011, según datos de la oficina de control presupuestario. «¿Por qué no se gastan el dinero que reciben en lugar de plantarle cara al Gobierno y decir que le discriminan? ¿Se trata de pedir el dinero o de gastarlo?», se preguntó ayer el secretario general del partido, Antonio Sanz.
Dijo que la «estrategia de confrontación» que lleva a cabo la Junta con el Gobierno central por este asunto es «frívola» y «radicalmente falsa».
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha alzado la voz contra la pérdida de unos 35 millones del dinero para reinsertar a los parados en el mercado laboral.
Alega que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado los criterios de reparto de fondos y que, al no tener en cuenta el número de desempleados de cada comunidad, Andalucía sale perdiendo.
El PP-A negó cualquier atisbo de discriminación y aseguró que Andalucía mantiene el mismo peso en la distribución de los recursos (el 22,63%) que con el Ejecutivo de Zapatero. Sanz tildó de «cinismo y cara dura» que la Junta «no se gaste el dinero» y lo «reclame» al Gobierno del PP.
Cámara de cuentas
Por otra parte, el número dos de los populares advirtió de que acudirán a los tribunales si el informe definitivo de la Cámara de Cuentas sobre los ERE cambia «sustancialmente» del borrador interno que se ha filtrado en prensa y que apunta al presidente, José Antonio Griñán, y al expresidente Manuel Chaves en las irregularidades.
Sanz insistió en que el PSOE, «por sus cuchilladas internas», debe mirar en sus filas para buscar al topo.
El PP ha pedido la comparecencia de Rafael Rodríguez, consejero de Turismo que dirigió este informe en la Cámara de Cuentas.
