La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que firmó ayer la iniciativa legislativa popular para pedir al Congreso una modificación de la ley hipotecaria en favor de la dación en pago (cancelar la deuda con la entrega de la casa), destacó que la Junta «se pone del lado de los desahuciados». UGT y CCOO empezaron en Sevilla delante de la sede del Banco de España la campaña de recogida de firmas necesarias para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que también se lleva a cabo en toda España, para conseguir que al entregar la vivienda hipotecada al banco se salde la deuda.

También se persigue paralizar los desahucios, siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago sea por motivos ajenos a su voluntad, y el alquiler social que permita a los afectados seguir en la vivienda pagando una renta que no supere el 30% de sus ingresos durante un período de cinco años. Tras firmar la Iniciativa Legislativa Popular, que suscriben veintisiete organizaciones que integran la plataforma «Compromiso social por el progreso de Sevilla», la consejera de Vivienda avanzó que el gobierno andaluz dará a conocer en las próximas semanas un paquete de medidas para resolver el problema de los desahucios y trabajan con herramientas como las viviendas vacías, la rehabilitación o el alquiler.

En los últimos cuatro años se han producido en España 350.000 ejecuciones presupuestarias, de las que unas 65.000 han sido en Andalucía.

Por su parte, la portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, acusó al Gobierno de coalición de «seguir en campaña electoral a costa de los desahuciados».