El informe de la Guardia Civil sobre las irregularidades en los ERE señala que varias personas, entre ellas el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, conocieron la existencia de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas y pusieron «trabas» a que se aclarasen los hechos.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya dice que al menos desde mayo de 2009 la Junta sabía que en el ERE de Mercasevilla se había incluido a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca había trabajado en la empresa, un hecho que fue denunciado públicamente por el PP en noviembre de 2010.
Afirma la UCO que la delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla, que entonces dirigía el imputado Antonio Rivas, ante la petición de explicaciones por parte de la dirección general de Trabajo, se opuso a enviar el listado completo de trabajadores.
Además, el exdiputado socialista andaluz Ramón Díaz, entonces asesor de la Consejería, verificó los datos de los 40 beneficiarios pero «no localizó a Garrido Santoyo como intruso», añade el informe. La UCO concluye que el comportamiento de Rivas «solo puede responder a un intento de ocultar posibles irregularidades en la tramitación» de los expedientes y «dificultar o dejar incompleto» el informe.
Según el informe, desde marzo de 2009 los responsables de Empleo también sabían que se habían dado ayudas oficiales a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, lo que motivó una investigación que detectó que sus empresas habían sido constituidas en fechas próximas a la adjudicación de las ayudas.
El informe de 304 páginas sobre la dirección general de Trabajo relata una reunión celebrada en octubre de 2008 entre Márquez y el exgerente de Mercasevilla, el imputado Fernando Mellet, en la que éste presionaba para ampliar las prejubilaciones.
Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, justificó ayer las críticas de las consejera de Presidencia, Susana Díaz, y dijo que el informe tiene «más conjeturas que datos objetivos». Díaz dijo el sábado que las valoraciones de la Guardia Civil se basan en «suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio». Por este motivo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió que ninguna institución pública caiga en la tentación de cuestionar de forma «lamentable y mezquina» la independencia, profesionalidad y respeto a la Ley de la Guardia Civil.
De este modo, varias asociaciones de guardias civiles calificaron de «injustas» las críticas vertidas por la consejera de Presidencia y defendieron su trabajo «honrado y sin trabas ni presiones políticas». En este sentido, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, remarcó la profesionalidad e independencia del instituto armado en «todas sus investigaciones».
