El Parlamento de Andalucía acordará en el próximo pleno crear una comisión de investigación sobre los ERE irregulares de la Junta, la primera que se constituye en la Cámara desde hace 17 años, una iniciativa que fue rechazada por los socialistas en una decena de ocasiones en la anterior legislatura. No obstante, aún está pendiente de determinar cuándo se constituirá la comisión, el método de trabajo y quiénes serán los comparecientes.

A este respecto, el expresidente andaluz Manuel Chaves aseguró ayer que su Gobierno «en ningún momento, nunca, nunca, nunca, ni amparó, ni conoció ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad» sobre el caso de los ERE y añadió que en el informe de la Guardia Civil sobre el asunto «hay un error grave».

Chaves salió al paso así del informe que ha entregado la UCO de la Guardia Civil para la jueza que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en el que se apunta al Gobierno andaluz como conocedor de lo que estaba ocurriendo y que ha sido criticado por el actual Ejecutivo autonómico. Sobre si comparecerá ante la comisión de investigación que se creará en el Parlamento andaluz, el expresidente dijo que es la Cámara autonómica la que tiene «la palabra» y que él siempre va a estar a su disposición sobre si debe o no comparecer.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, coincidió con su antecesor en que el Gobierno andaluz «no conocía» las presuntas irregularidades en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo. «Lo ha dicho Chaves y yo lo confirmo, no lo conocía», señaló, al tiempo que dijo que en el momento en el que tuvo una noticia de alguna irregularidad la puso en conocimiento del juzgado.

En relación al supuesto conocimiento que él podía haber tenido de esas irregularidades en su etapa como consejero de Empleo, que también señala el informe, puntualizó que «normalmente, la manera de actuar en una investigación es encontrar las pruebas y determinar responsabilidades y no al revés».

Sobre la posibilidad de que pueda comparecer ante el Parlamento de Andalucía en una comisión de investigación en relación con este asunto, reiteró que «todo aquel que sea convocado por la Cámara tiene que comparecer», aunque dejó claro que es decisión del Parlamento, no suya. Además, aseguró que no ha pensado comparecer voluntariamente. La comisión de investigación quedó incluida en el orden del día del pleno que celebrará la Cámara autonómica los días 13 y 14 de junio a petición de todos los grupos –PP, PSOE e IU–, según el acuerdo adoptado ayer por la Junta de Portavoces.

El presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, comunicó durante la Junta de Portavoces que para la puesta en marcha de la comisión será imprescindible que los grupos aprueben la próxima semana, antes del pleno, una resolución sobre su organización y funcionamiento. Las comparecencias fueron objeto de polémica durante los últimos días, después de que el Gobierno andaluz haya estimado que no ve motivos para que declaren ante la comisión ni el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ni su antecesor Manuel Chaves, ni ningún miembro del Ejecutivo autonómico. El PP andaluz ya anunció en abril que pediría la comparecencia en la comisión de hasta 24 dirigentes políticos relacionados con la Junta de Andalucía y con el PSOE.

Esta es un compromiso electoral de IU, formación que ahora es parte del Ejecutivo andaluz de coalición con el PSOE y que no descarta ninguna comparecencia, entre ellas la de Griñán y Chaves, como dijo el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, que aseguró que la federación de izquierdas buscará en todo momento «la verdad» y la depuración de responsabilidades.

La coalición niega que haya «vetos» en la comparecencias, pero advierte de que no aceptará «cacerías» políticas, según dijo ayer el vicepresidente de la Junta y coordinador de IULV-CA, Diego Valderas. En este sentido, el PSOE abogó por que la comisión se haga «sin cortapisas» pero confió en que no se convierta en un «circo». Desde el PP, pidieron a IU que no haga de «tapadera de las vergüenzas» del PSOE y que contribuya a que «la transparencia llegue al Parlamento» pidiendo la comparecencia de todo el Gobierno.