El plan andaluz de reequilibrio financiero, que recoge un recorte de 2.700 millones al presupuesto de 2012, es una cuerda fuertemente tensada. La Junta tira de un extremo y del otro los sindicatos de funcionarios, reacios a que una parte importante del recorte (777 millones) caiga sobre sus nóminas.
Una semana después de que el vicepresidente Diego Valderas anunciara el aplazamiento del plan de ajuste para reconducir la negociación con los sindicatos, no ha habido ningún acercamiento y la cuerda sigue tensada. Más aún si se tiene en cuenta una segunda lectura: CSIF, el de mayor peso entre los funcionarios de la administración de la Junta, acusa al Gobierno de abrir puentes de diálogo con UGT y CCOO, mientras ellos son discriminados. Este esquema, dicen, reproduce la fallida estrategia que utilizó la Junta para refrendar la reforma del sector público. «Están haciendo lo mismo y el resultado será idéntico», decía ayer el presidente de CSIF, José Luis Heredia. La advertencia no es baladí: la reordenación del sector público inspiró masivas protestas de funcionarios en la calle y actos de boicot contra el Ejecutivo.
Pese al anuncio de Valderas, la Consejería de Hacienda no ha convocado a los sindicatos a la mesa general de función pública ni esta semana ni la siguiente.
Las organizaciones se quejan de que algunos miembros de la Junta estén hablando de diálogo y de consenso, e incluso hayan propuesto alternativas al recorte salarial sin que, por el momento se haya puesto sobre la mesa una propuesta formal.
Valderas, por ejemplo, ya ha dicho que los funcionarios que cobran mil euros deberían quedar exentos del recorte del 5% en la nómina, que afectará a todos los empleados públicos. Ésta es una sugerencia que UGT ha presentado por escrito, y que CCOO y CSIF suscriben. IU calcula que entre un 20 y un 25% de una plantilla de casi 300.000 trabajadores cobra menos de mil euros. Los sindicatos creen que es un porcentaje muy inferior. CSIF va más allá y exige eliminar altos cargos, reducir el sueldo a los asesores y directores generales y acabar con las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos en vez de rebajar las nóminas.
Todos insisten en que, a pesar de las dos reuniones entre Hacienda y los sindicatos, hasta ahora no ha habido propiamente negociación. El sindicato de enfermeros Satse también acusó a la Junta de «mentir» al asegurar que se está «renegociando» la bajada salarial. «No es negociación cuando te llaman para informarte de que esto es lo que hay, viene impuesto desde arriba y no lo podemos cambiar», se queja Antonio Tirado, de UGT.
La versión de la Junta está en las antípodas de la que ofrecen los sindicatos. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, negó ayer que aún no estén en marcha las negociaciones y dijo que están abiertas desde que la Junta anunció los recortes, subrayando que no se ha aprobado aún el plan para ganar tiempo para dialogar. De hecho recordó que ya se han celebrado dos reuniones de la función pública, y la última acabó con el plante de CCOO.
La número dos del Gobierno andaluz defendió que existe «intensidad y fluidez» en las conversaciones con los sindicatos y aseguró que en la Junta están a la espera de «las alternativas» de los representantes de los trabajadores. El principal objetivo, subrayó, es llegar a un «punto de consenso» con ellos. El margen para la negociación se sitúa en el 15 de junio, día que está previsto que se aprueben los Presupuestos Generales que marcarán los recortes en las regiones.
Paga extra de junio
Según dijo Díaz en una entrevista, el Gobierno aprobaría en torno a esa fecha sus ajustes como un decreto-ley, con lo que entraría en vigor de forma inmediata. El efecto directo será en la paga extra de junio de los trabajadores públicos. Sin embargo, después lo convalidaría en el Parlamento y lo tramitaría como un proyecto de ley, con lo que se volvería a abrir la negociación y la posibilidad de corregir la norma mediante alegaciones de los grupos parlamentarios.
Sobre las obras de infraestructuras en marcha y que deberán pararse o ralentizarse tras el último recorte, la consejera de la Presidencia admitió que aún no hay un listado definitivo de los proyectos que seguirán y de aquellos que tendrán que suspenderse.
En este sentido, Díaz ha pedido a los delegados del Gobierno que informen sobre cuáles son las prioridades en cada una de sus provincias.
Protesta por los despidos en la Agencia Agraria
Los trabajadores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente van a movilizarse hoy en las inmediaciones de la consejería para protestar por los 150 despidos que, según alertan, se van a producir en la agencia pública.
Los empleados preparan un calendario de concentraciones para que la Junta mantenga su compromiso de no echar a la calle a ningún trabajador público.
La plantilla de la Agapa la forman 171 trabajadores fijos discontinuos. En los últimos 15 años, la agencia se ha dedicado a ejecutar los controles de la PAC, los que se hacen en las parcelas agrícolas para verificar el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la ayuda.
Los empleados denuncian ahora que la Dirección General de Fondos Agrarios no ha asignado a la agencia esta tarea y que, sin embargo, la encomienda a la empresa Tragsa que, a su vez, al no tener personal propio para ejecutar los trabajos, los deriva a una empresa privada.
La consecuencia directa, según la plantilla, es que 150 trabajadores indefinidos fijos discontinuos –la consejería solo ha llamado a 19– que todos los años han estado trabajando en estas labores van al paro «a pesar de los anuncios realizados por el Gobierno andaluz de mantenimiento del empleo en el Sector público».
Consideran que esta decisión «entra en total contradicción con las competencias de la agencia, cuando además la agencia tiene personal con capacidad y experiencia en este ámbito».
Desde la consejería que dirige Luis Planas, ayer no se pronunciaron al respecto. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera es uno de los entes públicos cuya situación interna está enredada en los tribunales por la oposición de los trabajadores a la reordenación del sector público de la Junta, aprobada el año pasado y que ha dado mucho que habalr en dicho sector.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptó a principios de mayo el recurso de una asociación de empleados públicos contra los estatutos de la Agapa.
