La trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente, ha abierto la «caja de Pandora» para la lucha contra esta estafa, gracias a una operación que ha dado muchas claves para agilizar su persecución.
Así lo consideró ayer en rueda de prensa el comandante jefe de la Policía Judicial, Luis Martín, responsable de la «Operación Picones», que ha llevado a la detención de 91 personas y a la imputación de otras 213 dentro de una trama que ha destapado seis empresas fantasma que hacían contratos falsos para que sus beneficiarios obtuvieran subsidios de desempleo u otros tipo de ayudas sociales.
Las investigaciones que dieron pie a esta operación se iniciaron en abril de 2011, cuando la Guardia Civil de Arcos de la Frontera recibió denuncias de personas muy humildes que se estaban enfrentando a embargos porque figuraban como administradores de empresas de las que no habían oído hablar. Tirando de este hilo, los agentes descubrieron que las empresas no tenían actividad alguna o no existían y que, sin embargo, habían tramitado contratos laborales para muchos supuestos trabajadores. Era el caso de un supuesto bar de una pequeña localidad de la Sierra de Cádiz, que había contratado a 35 personas.
Los agentes descubrieron entonces que las personas que figuraban como administradores eran «hombres de paja» de una trama de fraude a la Seguridad Social que se había aprovechado de sus condiciones o debilidades para hacer que firmaran documentos, en ocasiones a cambio de una simple botella de alcohol.
En la cúspide de la trama estaban tres hombres, dos hermanos y un primo, que residían en Jerez y en Ubrique, con antecedentes penales por estafas similares y cuyo apellido, Picones, ha servido para bautizar esta operación.
Los dos hermanos eran los cabecillas, y el primo hacía las veces de «comercial» de la trama para, entre otras cosas, cobrar a las personas que acudían a la red para conseguir un contrato de trabajo y poder así completar su cotización a la Seguridad Social para obtener un subsidio de desempleo o una ayuda social.
Aunque se ha apuntado que el fraude podría alcanzar los cinco millones de euros, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torres, señaló que aún queda «mucho trabajo por hacer» para cuantificar el daño.
