El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia por la que anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008 y restablece el paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable.

En una sentencia a la que tuvo acceso Efe, el alto tribunal andaluz estima un recurso contencioso-administrativo de Greenpeace al anular la calificación del sector sobre el que se asienta el hotel como C3, definido como «núcleos habitados preexistentes y otras zonas transformadas», y establecer que debe ser catalogado como zona C1 (área natural de interés general), como se establecía en el anterior PORN de 1994.

El TSJA subraya que el anterior plan «otorgaba una más intensa y mejor protección ambiental al sector». Insiste el tribunal en que no puede aceptarse «que por un mecanismo tan burdo como una mera corrección de errores se cambie la protección de un sector, pasando de especial protección a urbanizable». El fallo señala que «más bien parece haber sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planeamientos urbanísticos y medioambientales».

Greenpeace celebró ayer como una «nueva victoria» el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y consideró que la Junta y el Gobierno central «no tienen excusas para demolerlo». La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, aseguró que la mención de este artículo, que establece que las edificaciones incompatibles con el planeamiento deben ser demolidas sin indemnización, «no es casual» sino que es una forma de «decirle a las administraciones que se dejen de excusas».

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reiteró su compromiso respecto a la recuperación ambiental del paraje y «la no viabilidad de la edificación que se asienta en estos terrenos».

Por su parte, la promotora del hotel trasladó su «máximo respeto» al fallo aunque recordó que cuando adquirió los terrenos del sector ST-1 en 1999 el proyecto «cumplía con toda la normativa vigente» al ser el suelo urbanizable. «Esto crea una gran inseguridad jurídica a la hora de considerar nuevas inversiones», dijo el director general de Azata, José Rodríguez.