La Junta aprobará los recortes a los funcionarios tras fracasar la negociación

Después de más de tres horas de negociación con los sindicatos, tiempo durante el cual protestaron de forma ruidosa otros sindicatos no presentes en la mesa, como SATSE, ANPE, SAE y SAFJA, la consejera dijo a los periodistas que, dentro del «margen» que tenían, ha aceptado varias propuestas sindicales.

Las propuestas suponen que en vez de reducir en 777 millones de euros el capítulo de las nóminas, la disminución será de entre 25 y 30 millones de euros menos de esa cantidad, dinero que sacarán de «apretar» en el capítulo dos, especialmente en los alquileres, donde ya había prevista una reducción del 15%.

Tras destacar la «responsabilidad» de los sindicatos, Aguayo aseguró que la Junta garantiza que ningún empleado público cobre menos de mil euros por jornada completa, que las medidas se apliquen en 2013 para recuperar lo perdido ahora y que la reducción de la jornada de los interinos sea del 10% y no del 15% previsto.

Además, la paga adicional no desaparecerá por completo para poder recuperarla de forma «más fácil» cuando cambien las circunstancias económicas, dijo la consejera.

Los sindicatos, por su parte, expresaron su intención de intentar mejorar el decreto durante su trámite parlamentario y de mantener las distintas movilizaciones contra los recortes porque consideran que perjudican, además de a los empleados públicos, a los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Juan Blanco, de CCOO, subrayó que la Junta debería insistir en buscar la «eficacia y la eficiencia» sin recortar los salarios ni el empleo público. Por parte de la UGT, Antonio Tirado consideró que el planteamiento de la Junta «supone una merma del número de trabajadores de la administración de la Junta» porque incluyen la no reposición de los empleados públicos que cesen por jubilación o cualquier otro motivo.

José Luis Heredia, de CSIF, dijo que las dos reuniones con la consejera no pueden considerarse una negociación porque la Junta ha mantenido una postura «monolítica» a pesar de las «buenas intenciones» expresadas.

El PP andaluz pidió que la Junta de Andalucía ponga en marcha «reformas estructurales profundas» que eviten que se lleve a cabo un «recorte» en las retribuciones de los funcionarios y de los empleados públicos. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, dijo que la merma que el Gobierno andaluz le hace a los funcionarios «cada día es mayor», e indicó que el incremento del 5 al 7,5% en el ajuste salarial a los altos cargos es sólo «un gesto para calmar a los sindicatos y a los funcionarios».

Desde el PSOE, el portavoz en el Parlamento, Mario Jiménez, quiso recordar que en el resto de las comunidades autónomas «han optado por el decreto ley, no han escuchado, y en Andalucía se ha querido repartir el trabajo disponible», por lo que añadió que los representantes de los trabajadores han de tener claro que «la dificultad actual tiene una firma, que es Mariano Rajoy».

En este sentido, insistió en que los ajustes han de llevarse a cabo por «las malas decisiones del Gobierno de España, que ha impuesto a las comunidades un programa de recortes que, no se ha impuesto a sí mismo».

Valderas comprende a los sindicatos. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aseguró ayer que «comprende» la postura de los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública al rechazar los recortes sobre los sueldos de los funcionarios.

Valderas aseguró a los periodistas que hay que ser «muy respetuosos» con la actitud de los sindicatos ya que «es difícil que alguien que representa los intereses de los trabajadores pueda aceptar que haya recortes de estas características».

«Comprendemos su postura y el Consejo de Gobierno va a tratar de aminorar al máximo lo que pueda incidir de forma negativa sobre los empleados públicos», afirmó Valderas, que destacó que el plan tendrá «marcadas diferencias» con el primero.