El movimiento IU por la Base, compuesto por más de sesenta asambleas de IU en Andalucía, pidió ayer al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que rechace el «recorte» a los funcionarios que se incluye en el plan de ajuste del gobierno regional porque si no lo hace «defraudará» a militantes y votantes.

En declaraciones a los periodistas, Manuel Rodríguez, miembro de la Coordinadora Andaluza de IU por la Base, criticó que Valderas «se ponga en la misma orilla que el PP y el PSOE diciendo que hay que hacer recortes por imperativo legal», actitud con la que estaría «defraudando no solo a la gente de IU sino a miles de andaluces que le han votado».

Así, aseguró que en el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU no figura ningún tipo de recorte y recordó que su formación durante toda la campaña «ha estado diciendo que es posible gobernar y salir de la crisis de otra manera y no recortando». «La política de un gobierno de izquierdas debe ser poner en el centro a los seres humanos y no a las deudas de los bancos», añadió.

Rodríguez señaló que el gobierno regional tiene que oponerse a estas medidas y buscar otras soluciones porque «no se puede tocar a los servicios y empleados públicos».

También señalaron que formarán parte de las movilizaciones que se están convocando para mañana en defensa del empleo público, la sanidad y la educación y pidió a Valderas que se posicione claramente en contra de los recortes y que el grupo parlamentario lo rechace en la Cámara, ya que si no lo hace «se sitúa totalmente fuera del programa de IU y de su discurso político».

Por su parte, Diego Valderas aseguró que el Gobierno andaluz tiene que llevar a cabo el plan de ajuste porque los recortes del Ejecutivo central han dejado a la comunidad «sin campo de maniobra».

Ante las críticas de las bases, reiteró que IU nunca ha defendido la política de recortes pero que en esta ocasión se trata de una «imposición».

Aunque evitó responderles, Valderas explicó que hay una opinión dentro de IU «que no dice nada nuevo» respecto a cuando se votó en referéndum su entrada en el gobierno, de forma que «el mismo grupo que antes decía que no ahora dice también no».

De este modo, aseguró que se ha buscado una alternativa «con algo tremendamente progresista» como es «que no se toque a la parte más débil de los funcionarios públicos», algo en lo que dijo que su formación es firme y el Gobierno está «claramente convencido». «Por ello se ha producido un importante avance para que ningún mileurista se vea afectado por esta imposición», añadió.

Ayer continuaron las protestas en las distintas provincias andaluzas en lo que los empleados públicos consideran un «nuevo ataque» a su sector, y recordaron que en 2010 el PSOE ya les redujo los salarios en un intento de reducir el déficit, por lo que lamentaron que en esta ocasión vuelvan a ser víctimas de los ajustes gubernamentales.