Tribunales

Griñán comparecerá por los ERE mientras Alaya imputa a más altos cargos

La jueza apunta a nuevos imputados de las consejerías de Empleo, de Innovación y de la agencia IDEA

 05:00  
Griñán quiere investigar «a fondo» lo ocurrido.
Griñán quiere investigar «a fondo» lo ocurrido.  EFE

EFE El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, confirmó ayer que ya ha pedido al grupo parlamentario del PSOE comparecer en la comisión creada en el Parlamento andaluz para investigar los ERE irregulares financiados con fondos públicos.

Griñán, quien precisó que aunque el grupo tiene «su propio criterio», él ha expresado su intención de comparecer entre otras razones porque «la derecha tiene ya una conclusión y a partir de ahí quiere establecer unas secuencias». «Y yo creo que lo que hay que hacer es investigar a fondo lo que ha ocurrido», agregó el presidente andaluz, que entiende que debe decir «muchas cosas» que considera «importantes, sobre todo para salir al paso de determinadas cuestiones que se están diciendo y que no se ajustan a la realidad».

Y es que ayer, el propio grupo del PSOE-A insistió en que no es necesaria la comparecencia del presidente de la Junta, pero dijo comprender sus motivos personales y políticos para hacerlo ante las «mentiras, la basura y la cacería» política del PP. El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, confirmó en rueda de prensa que el grupo socialista incluirá entre los comparecientes a Griñán a petición propia, y no descartó que lo haga también el expresidente Manuel Chaves, que también se ha mostrado dispuesto a hacerlo.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, aseguró que su partido tiene la sensación de que el PSOE e IU tienen ya «el guion escrito» sobre cuáles son las conclusiones de la misma. En rueda de prensa, Rojas señaló que su impresión es que los dos partidos no solo tienen un acuerdo para gobernar Andalucía sino también para «neutralizar» la comisión de investigación y que no se conozca la verdad de lo que ocurrió.

La comisión de investigación sobre los ERE irregulares se constituyó ayer con el nombramiento del presidente de la misma en la persona de Ignacio García (IU). La sesión constitutiva de la comisión de investigación, reunida a puerta cerrada, eligió al diputado de IULV-CA Ignacio García como presidente con los votos a favor del PSOE e IU y el contrario del PP, partido que votó a su diputada Teresa Ruiz-Sillero, y que expresó su recelo por el devenir de dicha comisión. La comisión acordó que mañana por la tarde finalice el plazo para que los grupos parlamentarios presenten su propuesta de reglamento para su funcionamiento y que el martes 26 de junio se celebre la primera sesión, en la que se aprobará un reglamento, la programación de los trabajos y fijar los plazas para documentación y la solicitud de comparecientes. Aprobados los plazos, habrá quince días para que los comparecientes acudan a la comisión, entre ellos Griñán. El presidente de la misma esperó que haya agilidad para que no se alargue «eternamente».

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha citado como imputados en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de ampliar los hechos objeto de acusación a otros ex altos cargos ya imputados.

En diferentes resoluciones la juez Mercedes Alaya dice que los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a nuevas «responsabilidades de altos cargos» de las consejerías de Empleo, de Innovación y de la agencia andaluza IDEA, a través de la cual se canalizaban las ayudas. Acuerda además imputar en la causa al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que era asesor de la Consejería de Empleo cuando se concedieron las ayudas investigadas y que permitió la existencia de cinco «intrusos».

Además, un informe de la Guardia Civil afirma que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde el pasado abril, fue incluido como beneficiario en el ERE de la bodega González Byass, aunque no tenía derecho e intentó demostrar que había renunciado a la ayuda después de iniciada la causa.

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